Actualidad santiagueña y argentina

Comgreso Nacional de la República Argetina Organizacioneses ambientalistas presentarán hoy en la Legislatura Nacional este escrito (sintético y muy preciso, vale la pena tomarse unos minutos para leerlo). "HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA S / D Ref: Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Las organizaciones de sociedad civil aquí firmantes se dirigen a Ustedes, y piden hagan extensiva esta nota a quienes integran sus bloques, en relación al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (en adelante proyecto de ley), recientemente remitido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para su tratamiento en sesiones extraordinarias de esta Honorable Cámara (0025-PE-2023). En primer lugar, expresamos nuestra más profunda preocupación por las medidas contenidas en el proyecto de ley de referencia por cuanto suponen serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina. Deseamos recordar expresamente el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” En pos del cumplimiento de este mandato constitucional, la sociedad argentina ha comprometido, tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que, aunque incompleto y de implementación parcial ha permitido generar un adecuado balance entre el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social. Es importante destacar que la legislación ambiental vigente se ha desarrollado conforme mandatos de la Ley General del Ambiente y respetando procesos participativos que han involucrado a los más diversos sectores sociales. Además, queremos solicitar la ampliación de giros de comisión para el tratamiento del proyecto dado que este abarca numerosos temas que no competen únicamente y en algunos casos van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro (Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Relaciones Exteriores). En línea con los temas analizados en este documento, las comisiones faltantes para el análisis del proyecto son: de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Energía y Combustibles, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Agricultura y Ganadería. A continuación, puntualizamos una serie de aspectos del proyecto de ley, a saber: TÍTULO VI: INTERIOR, TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES. CAPÍTULO III, AMBIENTE. ➢ LEY 26.562 CONTROL DE ACTIVIDADES DE QUEMA ARTICULO 497.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. ARTICULO 498.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. El proyecto de ley propone reformas a la Ley 26.562 de presupuestos mínimos para el control de actividades de quema. Mantiene la definición de “quema”, pero agrega una definición de “aprovechamiento productivo” entendido como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc. El proyecto de ley mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, pero estableciendo un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”. De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva y autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en manejo del fuego, sin ponderación de parámetros ambientales, incluyendo acumulativos, de tipo técnicos relativos al manejo del fuego, y cuidado de la seguridad y salud pública, y sin sanciones en caso de eventuales impactos negativos al quedar configurada como una “quema autorizada”. Los incendios devastadores en numerosas provincias se han convertido en una problemática ambiental en las últimas décadas que requiere de una implementación efectiva de la ley de control de quemas vigente y el sistema nacional todo de manejo del fuego. El proyecto de ley lejos está de brindar soluciones que construyan sobre los avances alcanzados y aportar a un robusto y permanente monitoreo y accionar preventivo con la comunidad para prevenir quemas y hacer un manejo responsable del fuego en territorio argentino. Solicitamos a la Cámara Baja que rechace los artículos 497 y 498 del proyecto de Ley. LEY 26.331 DE BOSQUES NATIVOS ARTICULO 500.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos ARTICULO 501.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección. La propuesta elevada por el PEN al Congreso implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de Bosques Nativos. La Ley 26.331 impulsa la conservación, uso sostenible y restauración de los bosques nativos y regula el desmonte con estrictos requerimientos de participación ciudadana, como audiencias públicas, y procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA), sobre la base de un ordenamiento ambiental de los bosques nativos impulsados a nivel provincial, con control de Nación. No cabe duda que el escenario nacional de los bosques nativos en Argentina sería muy diferente al actual si el país no contara con la Ley 26.331. Esta norma logró visibilizar la problemática de pérdida de los bosques nativos y difundir la importancia de estos y los beneficios ambientales y sociales que proveen. También, aunque con muchas dificultades, se ha logrado crear y fortalecer la institucionalidad nacional y local en materia de gestión. La mejor estrategia para afrontar la problemática socioambiental que acarrean los desmontes en Argentina es trabajar con los instrumentos que la Ley de Bosques Nativos prevé desde 2007, aplicándolos, financiándolos y mejorándolos. Según datos oficiales la superficie total de bosques nativos en Argentina es de 53.184.501 hectáreas. En caso de aprobarse la modificación propuesta por el proyecto de ley, las exigencias legales de EIA y participación ciudadana ya no serán requeridas para bosques categorizados en verde (categoría III) que alcanzan las 10.192.063 has (19% del total de la superficie de bosque nativo del país). Estos requerimientos son importantes porque si bien la categoría verde representa bosques de bajo valor de conservación que legalmente pueden desmontarse, la norma nacional asegura, por un lado, que haya una instancia de análisis de impactos sociales y ambientales y participación del público que puede ser afectado por tal cambio de uso del suelo. Por el otro, de contar la ley con los fondos correspondientes, podría ofrecerse apoyo financiero al titular del predio para que invierta en su recuperación y manejo sostenible, desalentando un posible desmonte. Sumado a esto, el proyecto de ley pretende habilitar desmontes hoy prohibidos por la Ley 26.331 en las categorías roja (I) y amarilla (II). Se tratan de bosques de muy alto valor de conservación a proteger a perpetuidad que no debe transformarse) y II de mediano valor de conservación a manejar de forma sostenible, respectivamente. Están categorizadas en rojo 10.992.353 has (21%), mientras que están categorizadas en amarillo 32.000.085 has (60%) . De esta manera, de aprobarse el proyecto de ley del PEN, más de 42 millones de hectáreas, 71% de los bosques nativos de la Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos y a merced de desmontes a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que proveen a las personas. Por otro lado, el proyecto de ley elimina la mención específica al acceso a la información de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, lo que contradice los derechos garantizados por la Ley General del Ambiente, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. En materia de financiamiento, el proyecto de ley deroga la obligación del Estado Nacional de constituir anualmente el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos con el 0,3 % del Presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales. Deja por lo tanto el financiamiento de la implementación de la Ley de Bosques Nativos a merced de la asignación presupuestaria que desee realizar el PEN. En más de 15 años de vigencia de la Ley de Bosques Nativos, la asignación presupuestaria comprometida en el artículo 31 vigente, nunca se constituyó enteramente. Los fondos asignados oscilaron anualmente entre el 3 y el 15% de lo establecido por ley. Dotar de partidas suficientes al fondo de la Ley 26.331 es fundamental para avanzar hacia una progresiva y definitiva protección de nuestros bosques ya que de allí surgen los recursos para fortalecer las capacidades en territorio de las provincias, contratando personal, adquiriendo materiales de trabajo, tecnología, vehículos y otras herramientas prevenir desmontes ilegales e impulsar proyectos de conservación, uso sostenible y restauración de bosques nativos. El establecimiento de zonas de protección mediante ordenamiento territorial y de un fondo para la conservación de bosques nativos constituyen el corazón de la Ley de Bosques indispensables para atender la emergencia forestal en la que el país aun permanece con una tasa promedio de pérdida de bosque nativo que no baja del 0,5% anual (CIAM MAyDS), y que en 2022 se tradujo en 211.974 has de bosque perdidas, más de 96.000 has en zonas prohibidas (roja y amarilla). El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y modos de vida de comunidades enteras. Implica además anular las 23 leyes provinciales de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que fueron dictadas al ritmo de los parámetros que la Ley 26331 y de las actividades permitidas y de las prohibidas. Pero no sólo esto, la norma propuesta contiene una gravedad inusitada para la economía del país, de una dimensión no considerada. Nos referimos a la incidencia que la política en materia de lucha contra la deforestación tiene en relación a las exportaciones en varios mercados del mundo, donde se exige, para la introducción de productos, que el país muestre una fuerte política combatiendo la deforestación y la degradación forestal. Tomemos como ejemplo el Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación, adoptado en junio de 2023 que tiene efecto directo sobre las exportaciones de Argentina en materia de, soja, ganado bovino y madera. En caso de confirmarse una norma como la propuesta argentina tendría mayores posibilidades de ser considera un país con nivel de riesgo alto y por ende sus productos exportables ser sujeto de una mayor intensidad de fiscalización y monitoreo por parte de la Unión Europea y demás mercados que evalúan normas similares. Solicitamos a la Cámara Baja que rechace de plano estas reformas. ➢ LEY 26.639 DE GLACIARES ARTICULO 502.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 26.639, Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial ARTICULO 503.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 26.639, Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El proyecto de ley pretende modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente y del Ambiente Periglacial con el fin explícito de habilitar la actividad económica en la zona periglacial. Esto sugiere un cambio en la orientación de la ley hacia consideraciones económicas en detrimento de los objetivos ambientales y de conservación, y genera preocupación en tanto implicaría la desprotección de áreas hoy preservadas por la ley. Para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares. Ello da respuesta a un reclamo histórico del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica constituyendo una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú (en plena vigencia y ratificado por nuestro país). La definición de ambiente glaciar constituye una copia literal de la Ley de Glaciares de San Juan N° 1076, cuyos gobiernos provinciales han sido férreos opositores a la Ley 26.639. A su vez, la protección está condicionada a una serie de requisitos restrictivos y discrecionales que redundan en la desprotección de áreas hoy preservadas por la ley vigente como, por ejemplo, la limitación a glaciares sólo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares en tanto éste es incompleto por excluir pequeños glaciares; la existencia de una “función hídrica efectiva y relevante” como condición necesaria para justificar la protección de glaciares y ambiente periglacial a pesar de que ya estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares, entre otros. Sumado a ello, el mensaje presidencial al inicio del proyecto de ley señala que de este modo se revierte un “avasallamiento” del poder federal sobre las provincias. Esta posición desconoce el mandato constitucional de la Nación de establecer un umbral mínimo de protección del ambiente (art. 41, Constitución Nacional). El proyecto aduce serias contradicciones legales, confunde la naturaleza de herramientas como el Inventario Nacional de Glaciares, entre otras falencias. Como consecuencia de todo lo expuesto, se vulnera la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas. Solicitamos a la Cámara Baja que rechace los artículos 502 y 503 del proyecto de Ley. TÍTULO III - REORGANIZACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO VIII - BIOECONOMÍA SECCIÓN III – RÉGIMEN FEDERAL DE PESCA (LEY 24922) ➢ LEY 24.922 REGIMEN FEDERAL DE PESCA (LFP) ARTÍCULO 242.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 243.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 244.- Derógase el artículo 25 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 245.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 246.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 247.- Sustitúyese el artículo 27 bis de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 248.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 249.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 250.- Derógase el artículo 34 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 251.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 252.- Derógase el artículo 40 de la Ley No 24.922 ARTÍCULO 253.- Se respetarán y serán válidos los permisos, autorizaciones de pesca y cuotas ya otorgadas mediante la Ley No 24.922 hasta su vencimiento. El proyecto de ley propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP). Asimismo, deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos pudiendo descargarse en otros puertos o mediante transbordos en alta mar lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca. Existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Para esos estándares internacionales que han sido adoptados por Europa y Estados Unidos, una decisión como la eliminación del artículo 25 de la Ley 24.922 o las varias medidas de desregulación en los controles sobre la actividad en aguas de jurisdicción nacional provocará una pésima calificación en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de ingreso a esos mercados. Otro aspecto muy grave de la reforma es el traslado de funciones desde el CFP hacia la autoridad de aplicación nacional, lo que importa una mengua de los derechos de las provincias costeras que participan en dicho órgano. El CFP adopta decisiones tanto para el sector de dominio provincial (art. 3 LFP) como en el sector de dominio y jurisdicción nacional (art. 4 LFP), es decir, la Nación y las provincias costeras concertan y comparten las decisiones políticas de todos los espacios de jurisdicción nacional. Una reforma unilateral como la propuesta de aspectos que atacan competencias exclusivas de las provincias que habían adherido mediante el mecanismo del artículo 69 LFP a un formato que ahora se les modifica, requerirá de una revisión y actualización de dichas leyes provinciales aceptando el nuevo texto. Se abre todo un proceso con resolución incierta, que podría provocar un colapso de la estructura normativa y económica del sector. La Ley 24.922 ya adolece de insuficientes previsiones en materia de externalidades negativas que la pesca, como toda actividad productiva, puede tener sobre el ambiente, lo cual es necesario atender con fines de mejora, entrecruzando los principios que trajo la legislación ambiental vigente, particularmente el enfoque ecosistémico, el acceso a la información y la participación ciudadana. La capacidad actual para fiscalizar las cuotas, la pesca incidental y las áreas de veda en la Zona Económica Exclusiva ( ZEE) es de por si limitada, por ello el conjunto de reformas propuesto por la ley ómnibus del PEN podría facilitar una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina. Solicitamos a la Cámara Baja que rechace los artículos 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 y 253 del proyecto de Ley. TÍTULO III - REORGANIZACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO IX - ENERGÍA SECCIÓN IX - DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ARTICULO 320.- A los efectos de cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero (GEI) comprometidos por la República Argentina en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en el marco del Acuerdo de París, Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas. ARTICULO 321.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer anualmente límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país y asumiendo que existirá un porcentaje de nueva capacidad/producción/demandantes a los que también se les deberá asignar derechos de emisión sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio. ARTICULO 322.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a monitorear el avance en el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y en caso de incumplimiento penalizarlo. ARTICULO 323.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización. ARTICULO 324.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer las reglas del mercado de derechos de emisión de GEI, la plataforma de registro de las transacciones y resguardar que no existan posiciones dominantes u oligopolio. La demanda y los responsables de actividades emisoras de GEI serán los encargados de dar cumplimiento a las metas de emisiones de GEI del país para lo cual el Estado Nacional generará condiciones e instrumentos para facilitar a las empresas privadas, al sector público y a otros organismos, el logro de las mismas y el acceso a financiamiento climático. Esta sección del proyecto de ley lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París. El proyecto se enfoca en el establecimiento de mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual porta un potencial para estimular mayores niveles de emisión, y adolece de una visión mercantilizadora de la naturaleza. Pretende asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía “compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas”. Sin embargo, no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de GEI desde las fuentes, teniendo en cuenta que el sector energético y de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT) se llevan las porciones de la torta más grandes del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de GEI, establecimiento de límites de emisión, monitoreo de avances, establecimiento de un mercado y sus reglas, además de la plataforma de registro, y penalización en caso de incumplimiento. El interrogante que de aquí se desprende es: si estas actividades quedan vinculadas al PEN, ¿cuál es el rol y función de las demás áreas gubernamentales y no gubernamentales competentes en la temática? Por otro lado, hace mención a la posibilidad de que exista un “porcentaje de nueva capacidad/producción/demandantes a los que también se les deberá asignar derechos de emisión sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio”. Esto, además de resultar sumamente contradictorio con los objetivos de reducción de emisiones, no queda claro si estaría asumiendo que el derecho de emisión será mayor para algún sector/subsector en particular, o que se tendrían que reajustar los demás derechos de emisión para cumplir con los compromisos internacionales a 2030 y 2050. Establece que se realizará un monitoreo del cumplimiento de las metas de emisiones de GEI y que, en caso de incumplimiento, se penalizará. Si bien este punto es importante, no establece el proyecto de ley cómo y con qué metodologías realizará dicho monitoreo, ni tampoco hace alusión a cómo serán establecidas las penas por supuestos incumplimientos. Los mecanismos de mercado de carbono pueden ser una herramienta válida, luego de agotadas las medidas tendientes a la reducción de emisiones y deben estar enmarcados en una estrategia que tenga en cuenta los compromisos internacionales, particularmente el de carbono neutralidad a 2050, pero también que garantice salvaguardas socioambientales y tenga en cuenta a actores fundamentales como academia, sociedad civil, comunidades originarias y locales, jóvenes, y grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. Esta sección del proyecto de ley no hace referencia a cómo se articulará entre los diversos actores y sectores, además de no mencionar qué sucederá con la Estrategia Nacional para el Uso de Mercados de Carbono sancionada a través de la Resolución 385/2023 por el gobierno anterior. En esta línea, el Congreso debiera avanzar hacia una discusión de una nueva Ley de Transiciones Energéticas que incorpore, entre otras cuestiones, la contabilización de emisiones de GEI. Solicitamos a la Cámara Baja que rechace los artículos 320, 321, 322 y 324 del proyecto de Ley. PALABRAS FINALES El proyecto de ley que nos convoca hace una lectura parcial y fragmentada de la Constitución Nacional. Enfatiza en los beneficios de la libertad a los que se refiere el Preámbulo pero elude el derecho al ambiente sano, equilibrado y sustentable y el deber de preservarlo reconocidos en el art. 41 del texto constitucional. Es fundamental que, al momento de debatir el proyecto de ley objeto de análisis, los diputados y senadores no pierdan de vista este derecho-deber. El principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud. El proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Entre esos logros, se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados debe ser considerado ilegal e inconstitucional. Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales. " Organizaciones firmantes Firma Nombre y Apellido: Fernando Pequeño Ragone Organización: Asociación Miguel Ragone Firma: Nombre y Apellido: Norberto Ángel Nigro Organización: Fundación Red Yaguareté Firma: Nombre y Apellido: Nicolas Gallardo Organización: Jovenes por el Clima Firma: Nombre y Apellido: Mariano Gonzalez Roglich Organización: WCS Argentina Firma: Nombre y Apellido: Eliana Juncos Organización: Fundeps Argentina Firma: Nombre y Apellido: Victoria Lichtschein Organización:Fundación Biodiversidad Argentina Firma: Nombre y Apellido: Agustín Mascotena Organización: Fundación Solidaridad Latinoamericana Firma: Nombre y Apellido: Nora Di Salvo (Presidenta) Organización: Fundación R.E.VERDECER - Salta Firma: Nombre y Apellido: Nadia Lavroff Organización: Futuro Córdoba Asociación Civil Firma: Nombre y Apellido: Martín Damián Vainstein Organización: Climate Save Argentina Firma: Nombre y Apellido: Alberto Antonio De Magistris Organización: Organización Ambiental Pilmayqueñ Firma: Nombre y Apellido: Juan Francisco Iracheta Organización: Alianza x el Clima Firma: Nombre y Apellido: Agustina Antonia Becchio Organización: Asociación Comunitaria y Biblioteca Popular El Molino- Vaqueros- Salta Firma: Nombre y Apellido: Sebastián Miguel Kees Organización: Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco. Firma: Nombre y Apellido: Sofía Paula Nemenmann Organización: Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial Firma: Nombre y Apellido: Federico Kopta Organización: Foro Ambiental Córdoba - Asociación Civil Firma: Nombre y Apellido: Marissa Fabrezi Organización: Asociación Para El Desarrollo (ADE) Firma: Nombre y Apellido: José María Musmeci Organización: Fundación Patagonia Natural

https://www.facebook.com/search/top/?q=victor%20krieger%20fabbroni&epa=SEARCH_BOX                                                     Victor Krieger Fabbroni
28/4/19 12:55 ·

"En la localidad de Bandera – Santiago del Estero- se ha detectado la presencia del letal herbicida Atrazina (junto a otros) en estudio de aguas a nivel y subterráneas. ESTA INFORMACIÓN PERMANECE OCULTA ILEGALMENTE -HASTA LA FECHA- POR ALGUNOS MIEMBROS DEL INTA BANDERA-QIMILÍ.

Lo realmente grave es que el agua de Bandera no puede ser potabilizada para consumo humano, con medios convencionales porque, en el proceso, dicho químico MANTIENE SU SOLUBILIDAD. Dicho de otra manera: si el agua traspone los filtros, también lo hace la Atrazina.

Este no es un dato técnico más, sino la espantosa realidad que vivimos. Lo es, porque tal es la calidad de agua que VENDE nuestra Municipalidad como SI FUERA POTABLE Y APTA PARA CONSUMO HUMANO.

La artera falsedad, escondida bajo el manto mediático de las Buenas Prácticas Agrícolas, pretende hacernos creer que el daño que producen los agrotóxicos parte de una BUENA IDEA MAL USADA cuando, en realidad, DE BASE, ES UNA MALA IDEA.

Allí está la esencia del engaño."

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ABRAN LAS VENTANAS ¡POR FAVOR!

V. Krieger Fabbroni 
           Hace muchos, muchísimos años, por esas cosas de la política surrealista, el para entonces pueblito de Bandera, en Santiago del Estero, tuvo su primer Diputado Provincial. Era un solterón de edad avanzada, con digno oficio pero semi analfabeto. Practicó, dentro del radicalismo y hasta su muerte, criptica militancia. Solo cobró relevancia pública al momento de proponer heredero político o, aquella otra vez, cuando lo casaron de apuro con una joven sobrina… “porque se moría”. Era una picardía que se perdiera su “jubilación de privilegio”, dijo algún patriota.
            Como fuera, completamente aislado en el interior, no le era fácil asistir a las sesiones en ciudad capital. No había caminos ni más trasporte que un tren lento y mañoso. Y tal la sequía, que nos atormentaba, que los vagones temblorosos y vetustos “levantaban tierra”. Así fue que el único traje y poncho de Don Pancho perdió color cubriéndose de polvo inerte, como su Banca.
            Nunca nadie supo qué hacía o decía reunido con sus pares. Cuáles sus pedidos y cuáles sus opiniones. Si supimos de una frase de su forja que llegó a ser icónica. Toda vez que se le preguntaba: ¿Cómo le fue Don Pancho?, por toda respuesta él alegaba con voz de pecho: -“Bueno, he hablado con el Gobernador”-

            Pero el pueblo se cansó de imaginar cosas y quiso saber algo más. Por lo menos ¿de qué habían hablado?
Entonces, como una urgencia, la necesidad de respuestas cobró protagonismo.
Explicaba:
-El Gobernador me dijo que iba a hacer una Escuela en el pueblo de Tacañitas.
O: -adelantó que iba a construir un puente en Termas de Rio Hondo.
O: -seguiremos trabajando en la Ruta N°9, Santiago-Córdoba.
-Pero, Don Pancho, de las necesidades de Bandera: ¿no se acordó usted, ni él?, preguntaba la gente. Ahí quedaba la cosa, una y otra vez, porque ya había concluido “el reportaje”.
De pronto, formuló un pedido que “sacudió el Recinto” (después de ocho años de mandato). Fue a consecuencia de que nuestro diputado padecía asma y, para entonces, todos fumaban y cada vez eran más y más y más.
Fue entonces que se puso de pié y con voz firme y llena de convicción, que a todos dejó perplejos, pidió:
-¡Por favor!, señores Diputados, abran las ventanas porque el humo me está ahogando.
Cuando escucho o leo que tal país prohibió el Glifosato, o que Noruega prohibirá los desmontes, juro que veo a Don Pancho, de pié, pidiendo:
ABRAN LAS VENTANAS DE LAS LEGISLATURAS, JUZGADOS Y FISCALÍAS, POR FAVOR. ¡¡¡NOS ESTÁN AHOGANDO!!!

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https://rap-al.org/rap-al-manifesta-su-rechazo-de-la-normativa-conjunta-de-los-ministerios-de-ambiente-y-desarrollo-sustentable-y-de-agroindustria-destinada-a-regular-la-aplicacion-de-plaguicidas-fundamentalmente-en-zo/

RECHAZO DE LA NORMATIVA CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE AGROINDUSTRIA DESTINADA A REGULAR LA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS, FUNDAMENTALMENTE EN ZONAS PERIURBANAS.

Marcos Paz, Argentina,  23 de febrero de 2018/ Ante la Resolución 1/2018, Conjunta de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria que ustedes administran, destinada a avanzar en pautas para regular la aplicación de plaguicidas, fundamentalmente en zonas periurbanas, desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) manifestamos nuestra preocupación y rechazo de la normativa entre otros por las siguientes aseveraciones expresadas en la misma: “Que la implementación de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios es de interés común a toda la Nación, razón que amerita una mejor definición de los principios políticos rectores para una mejor coordinación en todo el territorio de las políticas en la materia” . Al respecto no se tiene en cuenta que: El problema de salud pública originado por los plaguicidas no se inicia en la aplicación, muy por lo contrario, cabe reflexionar sobre los mecanismos que hacen a la autorización de importación y fabricación de dichos productos, a su categorización toxicológica y a su comercialización, de tal modo que: En nuestro país se permite la importación, fabricación y venta de plaguicidas cuyos productos activos se hayan prohibidos o restringidos en otras naciones tal el caso del herbicida Paraquat y los insecticidas Fipronil e Imidacloprid. Se categoricen a los plaguicidas solo por su efecto agudo y sin tener en cuenta sus características químicas y relación con el ambiente y además la posibilidad generar enfermedades crónicas; como el cáncer o mal de Parkinson, ya actuar como disruptores endocrinos o producir enfermedades epigenéticas.
Marcos Paz, Argentina, 23 de febrero de 2018
Al Sr ministro de Agroindustria Luis Etchevehere:
Al Sr Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman
Ante la Resolución 1/2018, Conjunta de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria que ustedes administran, destinada a avanzar en pautas para regular la aplicación de plaguicidas, fundamentalmente en zonas periurbanas, desde la Red de Acción en plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL) manifestamos nuestra preocupación y rechazo de la normativa entre otros por las siguientes aseveraciones expresadas en la misma:
Dice la normativa
“Que la implementación de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios es de interés común a toda la Nación, razón que amerita una mejor definición de los principios políticos rectores para una mejor coordinación en todo el territorio de las políticas en la materia
No se tiene en cuenta que:
El problema de salud pública originado por los plaguicidas no se inicia en la aplicación, muy por lo contrario, cabe reflexionar sobre los mecanismos que hacen a la autorización de importación y fabricación de dichos productos, a su categorización toxicológica y a su comercialización, de tal modo que:
  1. En nuestro país se permite la importación, fabricación y venta de plaguicidas cuyos productos activos se hayan prohibidos o restringidos en otras naciones tal el caso del herbicida Paraquat y los insecticidas Fipronil e Imidacloprid
  2. Se categoricen a los plaguicidas solo por su efecto agudo y sin tener en cuenta sus características químicas y relación con el ambiente y además la posibilidad generar enfermedades crónicas; como el cáncer o mal de Parkinson, ya actuar como disruptores endocrinos o producir enfermedades epigenéticas
  3. En la actualidad la venta de agrotóxicos se realiza con un muy bajo control, aún de aquellos productos categorizados como altamente peligrosos. Se pueden adquirir incluso fraccionados y/o utilizarse en cultivos para los cuales no han sido autorizados.
  4. Se continúa utilizando un término neutro “fitosanitario” para denominar productos altamente peligrosos para la salud socioambiental lo cual resulta inadmisible si se quiere alertar a las personas expuestas a estos productos
Continua la normativa expresando que
“Que la Ley Nº 25.675, en su Artículo 2º, determina entre los objetivos de la política ambiental nacional, los de asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria, promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales”.
No se tiene en cuenta que:
Si se hace hincapié realmente a la salud pública se debería tener en cuenta los siguientes ítems:
  • Las características fisicoquímicas de los productos, por ejemplo, su bioacumulación, su solubilidad en agua, su persistencia, “efecto saltamontes”, su capacidad toxica dentro de los parámetros que hacen a la categorización y venta de estos productos
  • Se apoyaría más desde la política públicas, y sus instrumentos, a la producción agroecológica
  • Se realizarían más estudios epidemiológicos en comunidades expuestas a los agrotóxicos
  • Se prohibirán los productos extremadamente peligrosos
Continua la normativa establecida
“Que dicho Consejo Científico Interdisciplinario informó en el mes de julio de 2009, entre otras, que bajo condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y de acuerdo con buenas prácticas agrícolas), el glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente, poniendo de relieve la importancia fundamental de las buenas prácticas”
No se tiene en cuenta que:
  • Si bien el herbicida glifosato es uno de los productos más utilizados, no es el único dado que derivado de la perdida permanente de diversidad biológica y de la generación de resistencias en insectos y enfermedades, se utilizan plaguicidas altamente peligrosos como el 2, 4 D., paraquat, clorpirifos, entre otros.
  • Existe información científica que demuestra el efecto en la salud del glifosato y otros plaguicidas. Basta analizar la excelente Antología toxicológica del glifosato realizada por el técnico en epidemiología Eduardo Rossi donde se reúnen trabajos científicos relacionados con el efecto del herbicida en la salud socioambiental
Continua la disposición
“Que en el marco de dicha Red de Buenas Prácticas Agropecuarias se han elaborado DOS (2) documentos de referencia técnica, a saber: las Pautas sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas, y las Recomendaciones para Normativas de Departamentos, Municipios y Partidos que regulen sobre Aplicación de Productos Fitosanitarios”.
Ante esta situación cabe preguntarse
  • ¿qué son las buenas prácticas agrícolas ¿quién las termina? ¿quién controla? Se debe tener en cuenta que más allá de las prácticas y condiciones de aplicación cada producto químico posee sus propias características, lo que determina su vida de “escape” y vida media en el ambiente; por ejemplo, su solubilidad, su capacidad bioacumularse, su deriva primaria y secundaria y desde allí las posibilidades de causar enfermedades agudas y crónicas.
  • ¿Quién controla por ejemplo la venta de plaguicidas, las condiciones sociales de aplicación, las condiciones labores de uso, el desecho de envases y líquidos remanentes?
Por último, la disposición expresa
ARTÍCULO 3º.- Créase el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios con el objeto de:
  1. Elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección.
 b-Formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios.
  1. Formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios.

Cabe reflexionar que

  • El grupo de trabajo contempla un solo representante relacionado con la salud de la población, trabajadores y productores expuestos, ¿así se protege a la salud de las comunidades y de los trabajadores expuestos?
  • Más allá de las zonas lindantes a las zonas de aplicación, las comunidades se hallan expuestas en forma directa a la fase de aplicación e indirecta al aire, agua, alimentos y suelo contaminados
  • Los trabajos de campo han demostrado que los sistemas de control de comercialización y registro de aplicación son muy débiles, cuanto en ocasiones inexistentes; ejemplo en las actividades hortícolas, producción de tabaco, etc.,  

“Podrán preverse instancias de participación, con carácter consultivo, de actores relevantes de la sociedad civil con reconocida capacidad técnica en las materias que trate el Grupo de Trabajo”
  • Esta misma asevareación se hizo en la creación de la comisión nacional de seguimiento del uso de agroquímicos sancionada en el año 2009, durante el gobierno de la Dra. Cristina Fernández, y NUNCA fuimos invitados a pesar de nuestras reiteradas solicitudes por escrito.
Ante esta situación y la premura relacionada en que se trata de la salud pública solicitamos;
  • Iniciar una profunda discusión acerca del uso e impacto de los plaguicidas, en la cual participen todos los actores involucrados a fin de realizar diagnósticos apropiados y planificar actividades concretas, plausibles y eficaces
  • Que el gobierno argentino, tal como se discute actualmente en la Estrategia internacional sobre el manejo de sustancias químicas, SAICM en su sigla en inglés, reconsidere el registro, categorización y uso de los plaguicidas denominados altamente peligros (HHP).
  • Que se apoye de manera integral, continua en el tiempo y de modo sustentable a la producción de base agroecológica
Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho
Coordinador regional de la Red de Acción y Plaguicidas
y sus alternativas de América Latina, RAP-AL
Foto de: http://laotramiradasur.com.ar/2016/01/plaguicidas-una-permanencia-peligrosa/


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Desde Bandera acusan al 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
por avalar con falsos criterios técnicos y científicos 
el desastre sanitario y ambiental que sufren 



Por Victor Krieger Fabbroni


    Nuevamente preocupado porque INTA está ocultando datos toxicológicos vitales que tienen que ver con nuestra calidad de vida y futuro como especie.

    Es difícil probar si INTA es una simple máscara que encubre "otras actividades". Lo que sí se ve es que se asemeja al mascarón de proa de AAPRESID. También difícil probarlo cuando en Bandera nuestras instituciones juegan a las escondidas. 

    Un poco más fácil es ver que este Instituto resulta demasiado oneroso y excesivo para la magra economía nacional. INTA tiene una Sede Central, 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales, 6 Centros de Investigación, 22 Institutos de Investigación, 350 Unidades de Extensión y, si no fuera suficiente, tiene incrustadas en su médula a 2 Entidades Privadas. El llamado "Grupo INTA", de actividad reservada (?),  está compuesto por INTEA S.A. y FUNDACIÓN ARGENINTA. ¿Raro, no? 

    El llamado Grupo INTA fue creado en 1993, casualmente cuando desembarcó en Argentina el paquete Tecnológico-Transgénico de Soja RR, compuesto fundamentalmente por Agrotóxicos (SENASA) y Siembra Directa (AAPRESID). Este eufemístico "Grupo" fue creado para promover su participación en el mercado. Empieza a entenderse por qué hoy prospera AAPRESID y retrocede INTA.

    En el XIX Congreso Anual de AAPRESID, éste reclamó evitar la difusión y distribución de 350.000 Manuales Escolares sobre Educación Ambiental
Apoyado por sus socios privados y políticos, tuvo rotundo éxito: ¡¡¡desaparecieron!!! Ya se entiende un poco más.

    En plena expansión Transgénica, también casualmente, emerge el complementario CASAFE,  por las semillas y los fertilizantes. Ya, casi, casi se cierra el complejo círculo vicioso; más aún si le sumamos SENASA.

    INTA, líder de avanzada en Tecnología Agropecuaria resulta, también, ser cálido reducto para Ingenieros Agrónomos ¿formados? con la anacrónica Currícula de hace 2 décadas. En Bandera, están abocados al estudio del contenido de Agrotóxicos en la napa freática sin haber cursado, en toda su carrera, una sola materia en toxicología. Pero, ellos, están "pescando" agrotóxicos ¿Es tal su ingenuidad? ¿Que pretenden? que hagamos huertitas en nuestros patios, lechuguita lozana bajo una permanente nube de mezclas super tóxicas de herbicidas que se llevaron puestos nuestros arbustos y plantas ornamentales; la famosa arboleda pública, centenaria, junto con la flora y fauna autóctona. En ese aspecto, la soja y siembra directa, sumado a las pretendidas "Buenas Prácticas", dejó tierra arrasada. 

    Ahora tendremos que dar por válida la tesis de un tercero que manipula a piachere la carga de venenos que soporta nuestra napa y condena nuestra salud a futuro, solo porque lleva puesto el extemporáneo sello de garantía INTA.

     Queremos saber de inmediato y advertir a la población sobre los venenos ocultos bajo tierra. Esa agua tóxica está en todos los hogares, sopas y mamaderas. Les pedimos que moderen su soberbia y muestren un poco de humanidad AUNQUE NO SEA DE SU INJERENCIA, como aseguran antes de cerrarnos en la cara las puertas de su "cripta local". 

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 fuente: http://cauceecologico.org/?p=1093

La proyección de un canal que nos destruye


En el Día Mundial del Ambiente, el abogado Jorge Daneri, miembro de CAUCE (Cultura Ambiental –Causa Ecologista), revela en este texto la magnitud y la amenaza de un mega proyecto que justamente pone en jaque  cada una de los valores y sentidos que se expresan en en la efeméride de hoy. De qué se trata “(Millennium Waterway”, la obra que planea el gobierno argentino y supondría la ruptura de cauces naturales de decenas ríos en el país.
Jorge Daneri (*)
Ahora mismo, un conjunto de técnicos argentinos y holandeses del Instituto Nacional del Agua y Deltares, respectivamente, se encuentran estudiando la posibilidad de llevar adelante un proyecto faraónico. Ellos lo llaman canal Millennium. Resulta ser una variante modernizada del denominado ” Canal Federal”, impulsados por María Julia Alsogaray y Carlos Menem, aunque dos o quizás tres veces mas grande.
En pocas palabras, lo que se proyecta en el dibujo de la mega idea es un herida a la cuenca del Plata, en Argentina, que se desplegaría de norte a sur, desde la provincia de Formosa hacia el centro y por el medio del territorio nacional, para luego finalizar en la zona de Mar del Plata o en Bahía Blanca sobre el Atlántico. La traza resultará mas clara luego del proceso de estudios de los especialistas contratados
La imagen que se acompaña al presente artículo es original de la documentación oficial a la que hemos podido acceder.
Los impactos sociales y ambientales pueden ser enormes desde nuestra visión, que sin duda viene acompañada de otras historias y sus relatos, como aquella experiencia del intento del canal federal o la vigente de la hidrovía Paraguay Paraná.
La idea de proyecto determina el trasvase acumulativo de varias cuencas o su interconexión, la ruptura de cauces naturales de decenas de ríos, la rectificación artificial de los mismos.  Es decir,  apuntala la conformación de represas o endicamientos por la sola existencia de mas de mil kilómetros de dragados para canalización, entre otras obras de movimiento gigantesco de millones de toneladas de tierra y piedra, etc, etc.
El objetivo es concretar una o más vías fluviales para ser navegadas por barcazas y así profundizar el modelo mega extractivista exportador de la Argentina, en base a la producción de soja – con toda su carga agrotóxica sobre suelos, agua, diversidades y la salud humana- y la explotación de minerales varios (oro, plata, litio, entre otros) y de ese modo trasladarlo a los puertos de exportación y abaratar costos de transporte por camión o ferrocarril.
La propuesta, en nuestra primera mirada, amplia con semejante intervención física, el contexto geográfico ambiental de la Cuenca del Plata. Es decir, cambia la cuenca en su conformación milenaria extendiéndola más al sur y a la vez invitando a profundizar la destrucción de la diversidad biológica y cultural del gran chaco o Walamba Sudamericano. En síntesis , amplía y profundizar la pampeanización extractivista.
El proyecto también facilitaría el proceso, en pleno desarrollo, de concentración de la apropiación de la tierra en fideicomisos de soja, entre otras variantes, algunas mas mafiosas y por lo tanto violentas.
Desde la ecología política, esta iniciativa consolida la definición y elección de ésta región como de sacrificio: Argentina queda condenada  como  proveedora de estos granos -soja- y minerales, sin importar la gravedad de los impactos socio-culturales y ecológicos.
La idea se viene imaginando desde el Gobierno Nacional. Concretamente desde el área de gestión de los recursos hídricos y el Instituto Nacional del Agua. No existen dudas que con el pleno acompañamiento del Presidente de la Nación y su Ministro de Agro-negocios.
Los convenios con Holanda están firmados, sus actas complementarias también, los Términos de Referencia acordados y los profesionales se encuentran “estudiando” la mega idea de proyecto del canal de los faraones o, como se la denomina también, vía fluvial productiva.
Este sueño, quizás la mega obra mas enorme del país en toda su historia, viola el conjunto más relevante de la legislación ambiental nacional e internacional y de muchas de las provincias involucradas, sin olvidar que su ejecución determinaría la necesidad de un mega tratado interprovincial o interjurisdiccional, en consideración que los recursos naturales son de las Provincias en Argentina y no del Estado Nacional.
Está claro que estos procesos faraónicos son movidos desde una lógica que no tiene en su agenda pensar porqué se suceden sequías e inundaciones en toda esta área. O de qué modo se puede mitigar ese tipo de experiencias y avanzar hacia la adaptación con otras herramientas que dialoguen con la lógica de la propia naturaleza. No se busca una solución real, que se puede hallar en el reverdecer de los ecosistemas devastados, con un planteo de  ordenamientos ambientales territoriales serios, aplicados y cumplidos.
En cambio, se hace todo lo contrario, se avanza en el Titanic, se busca terminar de consumar el proceso productivista-consumista- depredador. Estamos frente a una prueba mas, quizás la mas monstruosa, de que no solo no aprendemos las lecciones que los científicos mas serios y comprometidos del país nos enseñan al respecto, sino que no aprendemos a escuchar a los movimientos sociales y ecologistas, que vienen resistiendo y denunciando estos procesos absurdos, como menos interesa el pensamiento sobre los territorios y los modos de su cuidado  por los pequeños campesinos, su agricultura familiar y menos aún la visión de los pueblos originarios, desde lo que podríamos denominar el ejercicio cotidiano de la ética del cuidado.
Ojalá los “profesionales holandeses” que están participando de este inicio de delirio activo, adviertan a tiempo, que estas cosas, no pueden ocurrir. En todo caso lo impedirá la Argentina federal, del activismo responsable de sus pueblos y comunidades, que no van a tolerar semejante sueño faraónico, por voraz y contra natura.

*Especializado en Derecho Ambiental. Abogado de la Fundación CAUCE. Cultura Ambiental – Causa Ecologista. Paraná, Entre Ríos.

jorgedaneri@hotmail.com

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Peligro de accidente nuclear que podría afectar Santiago


El presidente de FUNAM, Prof. Dr. Raúl Montenegro, difundió hoy en Estados Unidos, y simultáneamente en Argentina, el accidente radiactivo ocurrido en la central nuclear de Embalse en Córdoba hacia fines del año pasado. "Lo ocurrido delata que secretismo e irresponsabilidad son una combinación altamente peligrosa, y un anticipo de lo que puede ocurrir si la central empezara a operar". Sucedió en el Área de Operaciones de la central, actualmente parada y en proceso de remodelación. 


El Dr. Raúl Montenegro está participando de la conferencia internacional organizada por la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, que reúne a premios Nóbel Alternativos de Estados Unidos y Canadá, además de docentes e investigadores de numerosas universidades.   


Alertó asimismo sobre "la mayor peligrosidad del reactor Candú ilegalmente remodelado para que su vida útil pueda extenderse otros 30 años, una obra decidida y concretada por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner primero y Mauricio Macri después. Pese a la parodia de estudio de impacto ambiental y audiencia pública organizados por el gobierno de Córdoba, es una obra que sigue siendo ilegal". 


Durante el encuentro realizado en la Universidad de California de Santa Cruz, Montenegro denunció internacionalmente que la coexistencia en el reactor de partes nuevas y antiguas, y la creciente acumulación de combustible nuclear agotado altamente radiactivo en los silos de cemento, próximos a la central, "lo vuelven mas vulnerable y de alto riesgo. De chocar un avión de gran porte contra los silos podría ocurrir una catástrofe veinte veces mayor a la ocurrida en Chernobyl, afectando la salud humana y el ambiente en un radio de 500 kilómetros alrededor del reactor". 


Accidente oculto y personas contaminadas con tritio 3 radiactivo.


El Dr. Raúl Montenegro indicó que el 17 de noviembre de 2017 "se produjo el salto de varios sellos de contención en el Área de Operaciones del reactor nuclear de Embalse, lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo en el Área de Operaciones donde se encontraban unas 50 personas. Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada. Según datos proporcionados por un informante de FUNAM hubo cinco trabajadores contaminados. La persona más impactada recibió 12 mSv en dos horas de exposición. El Sievert es la unidad de medición de la radiación ionizante absorbida por un organismo vivo. Cabe señalar que Nucleoeléctrica Argentina aplica los criterios ALARA, y en este contexto habría aumentado arbitrariamente el límite de exposición anual de 16 mSv al más generoso de 18 mSv. Aunque la persona contaminada estuvo por debajo de este límite, las autoridades nucleares de Argentina no dicen que cualquier valor de radiación ionizante es cancerígeno, y que el desarrollo de cáncer en personas expuestas puede demorarse años. 


"Gracias a los criterios de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, BEIR VII Segunda Fase, publicado en 2006, se acepta que cualquier valor de radiación  ionizante es riesgoso para la salud, pero las autoridades nucleares prefieren omitir este hecho. Lo que pasó es grave, pues compromete la salud de esas 5 personas".


Montenegro también indicó que "como la actividad nuclear se controla prácticamente a si misma pese a la existencia de una Autoridad Regulatoria Nuclear, desconocemos la cantidad de tritio 3 radiactivo que se descargó al ambiente en ese accidente, y en todas las operaciones anteriores. Es hora que el gobierno de Córdoba deje de mirar para otro lado y se preocupe por la salud de los ciudadanos". 


El Juez Claudio Bonadío y una mayor inseguridad nuclear

para Córdoba y provincias vecinas,


También sorprendió en Estados Unidos que la denuncia penal formulada desde FUNAM contra el ex Ministro de Planificación Federal Julio de Vido por haber extendido ilegalmente la vida útil de Embalse, y contra el actual Ministro de Energía, José Aranguren por convalidar y acelerar esa extensión, fuera archivada por el Juez Claudio Bonadío.


Ante especialistas de todo el mundo Montenegro indicó que "mientras en Estados Unidos el proceso de evaluación de impacto ambiental de un reactor nuclear de potencia y el debate público duran más de 12 años, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina firmó contratos para la extensión de la vida útil de Embalse en 2011 sin estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública. Posteriormente la gestión del presidente Mauricio Macri convalidó esa ilegalidad y la agravó. Peor aún, Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, y su Secretario de Ambiente, Javier Britch, montaron una farsa administrativa para lograr a destiempo –seis años después de firmados los contratos e iniciadas las obras- la fraudulenta autorización de la extensión de la vida útil de Embalse". 


Agregó que el juez federal Claudio Bonadío "archivó la denuncia sin siquiera considerar las contundentes pruebas que presentamos. La consecuencia es lamentable. Si Embalse llegase a operar, cientos de miles de personas quedarán expuestas al peor accidente posible de una central nuclear ilegal con Licencia Ambiental inválida". 


Expertos de Estados Unidos, Canadá y otros países se sorprendieron al saber que las autoridades nucleares de Argentina y el gobierno de Córdoba "nunca prepararon a la población de la provincia de Córdoba y provincias vecinas para enfrentar el peor accidente nuclear". Montenegro recordó que el "peor accidente posible" corresponde al Nivel 7 en la 'Escala Internacional de Eventos Nucleares y Radiológicos', INES, del Organismo Internacional de Energía Atómica".   


Hasta ahora los simulacros se limitaron a casos de accidente menor, desarrollados por la Autoridad Regulatoria Nuclear y Nucleoeléctrica Argentina a una distancia de solamente 10 kilómetros alrededor de la central. 


El Dr. Raúl Montenegro indicó que "no solo tenemos una población provincial y de provincias vecinas sin preparar, todas altamente vulnerables –entre ellas San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires- sino también una infraestructura hospitalaria carente de preparación y de elementos para atender los miles de casos que provocaría el peor accidente posible, por ejemplo nivel 7 en la escala INES".   



Para mayor información contactar a:


Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo

Teléfono: +54 9 351 5 125 637


Whats App: +54 9 351 5 125 637

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Victor Krieger Fabbroni                      8/4/18

Cada vez estoy más convencido que somos conducidos hacia el exterminio. Repito: extermino sin especificar, para no omitir.
            En una Oficina Pública de mi Provincia, Santiago del Estero, que dista 70 Km de mi domicilio (150 Km ida- vuelta que bien pudiera estar instalada en mi pueblo y así evitar tal maltrato al contribuyente en tiempos tan difíciles), más tres pagos en distintas oficinas y transporte que superan ampliamente los $1.000), se otorgan/renuevan Licencias de Conductor que duran solo un año.
Esperando turno, escucho la siguiente pregunta de un interlocutor dirigida a un operario (expresada en estos términos):
            “Quiero ampliar mi Licencia de Conductor para transportar Sustancias Peligrosas”.
            La empleada no negó el pedido. Simplemente no contestó la pregunta, cosa que me puso en alerta.
            Como yo estaba sentado al lado del interesado, por un lado; los trámites se habían interrumpido por “caída del sistema” y desconocía, con preocupación, la identidad de tales sustancias peligrosas que “podrían transportarse en la vía pública con la simple autorización de un empleado (que también lo ignoraba –pudieron haber sido explosivos, pensé-), me atreví a preguntar al jovencito:
            ¿Cuáles eran las sustancias peligrosas que refería?
            Tras una pausa, que claramente pretendió seleccionar la respuesta, dijo: -“combustibles, por ejemplo”.
Pasado unos minutos y después de hablar de otros temas, le pregunté: ¿Dónde trabajas?
            En la Empresa de Aerofumigaciones de fulano de tal.
            Repregunté:
            -No sabía que fulano de tal (a quien conozco perfectamente) transportara combustibles.
            Contestó (ya un poco molesto):
            -Bueno, no. En el caso mío es para transporte de Agrotóxicos.
            ¿Pero cómo? –objeté: ¿los agrotóxicos no los proveen empresas especializadas en su transporte, manejo y venta que, sabemos los dos, están sujetos a estricto control de procedimientos?
            Respondió:
            Bueno, no. A veces, las transportamos nosotros mismos para usarlas cuando las cantidades lo justifican.
            ¿Pero…, tanto consumen? –pregunté.
            Y, si, respondió –el año pasado fumigamos más de 75.000 hás.
            Porque volvió a operar el sistema, porque se dio cuenta que estaba siendo interpelado por “uno que no era de los suyos” y, por tal, no por simple curiosidad, se interrumpió totalmente el diálogo. Tampoco sé si se otorgó tal "permiso". 
            Si esta experiencia, que bien explica mucho de lo que nos pasa a los Pueblos Fumigados, tiene alguna moraleja, la encontrarán ustedes.
Excluyo la tuitiva responsabilidad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, simplemente, por agobio.

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Victor Krieger Fabbroni

18/12/17
11:43 (hace 50 minutos)

Bandera bajó al Infierno, el que supimos conseguir aniquilando nuestro monte nativo y contaminando (envenenando) el agua freática que todo pobre consume. A nadie le importa que ocurriera para beneficio de unos pocos.


Pero el infierno llegó y  es para todos. Llegó a este pueblo, que muchos creen rico y próspero (claro, hay algunos que lo son), pero la mayoría no. Muchos de sus pobres viven en casitas originadas en la época de “erradicación de ranchos” y otros que “se conforman con un tener un techo” aunque sea de chapa desnuda, sin ninguna aislación porque no pueden costearla. Tampoco hay árboles porque los destruyeron los herbicidas y desecantes. Yo estuve ayer dentro de una de ellas porque quería verlo, sentirlo. No tenía termómetro, pero te aseguro que pasaban los 55°, el aire era denso, irrespirable. Lo peor: había un bebé de días que, como sabes, todavía no regula bien la temperatura. Lo tenían en un fuentón con agua (ya tibia, por supuesto) que comenzaba a afectarle la piel, que tampoco tiene la resistencia necesaria. Imagiante Añatuya, Herrera y tantos otros pueblos donde, según dicen, la pobreza es mayor. Los obligaron a voltear el rancho que era tibio en invierno y fresco en verano porque se enfermaban de Chagas. Hoy viven en condiciones infrahumanas y los matan los agrotóxicos. De la Vinchuca al Glifosato, vaya la diferencia. ¿O sí?


La solidaridad del hombre de ciudad es valiosa. Siempre lo es, pero no hay forma de que alcancen a imaginar hasta dónde llega el sufrimiento de los pueblos del interior que carecen de estructura mínima, Pueblos Envenenados, sojisados, arrasados. Cuando hablamos de cáncer por agrotóxicos, la mayoría nunca han visto la cara de terror del que agoniza, de mi amigo que sabe que está muriendo y porque. Sin conocerte o conociéndome, como es mi caso, se agarra de tu mano como sosteniéndose en ella. Y vos te sientes un hijo de puta impotente. Lo único en que piensas (pero no lo puedes decir) es “ soltame y dejate ir, hermano. No sufras más”.


El mundo está lleno de injusticias, de todo tipo, pero las que devienen de la avaricia de un grupo reducido, pero poderoso, te hace hervir la sangre. Apenas sales de esos “verdaderos hornos, precarios hasta lo irracional”, ves desfilar las 4x4 con vidrios polarizados. Así ocultan su vergüenza los pocos que la tienen. Vas a cualquiera de los 3 súper mercados que hay, y ahí lo ves con toda crudeza: unos, con una bolsita desinflada y otros arrastrando dos y hasta tres carritos atiborrados de cosas innecesarias para “las Fiestas Cristianas”; unos comprando carne de lomo, otros huesos; unos que pagan teniendo lo justo y otros que te tiran en la cara una “tarjeta” mientras siguen su charla sobre “rendimiento de la cosecha o el estado del tiempo”.


Sé que hay gente que, por su propia naturaleza, no puede ver lo que cuento y, si lo ven, no “les llega”. Ven la realidad, claro que la ven, pero por encima de las necesidades ajenas que, muchas veces, ellos mismos han provocado. Ven el daño que ocasionan, pero siguen dañando porque sus fortunas nacieron, crecieron y, ahora, dependen de ello.


La vida sobre este planeta deshumanizado es así: lo que ves que sobra en un lado, es porque falta en otro. Y “al otro” no le falta porque sea un vago, siempre, sino porque lo han excluido o reemplazado por máquinas costosísimas para agricultura industrial que, además, no enferman con venenos ni reclaman derechos laborales.


No quiero más esto. La impotencia es peor que no hacer nada. Por eso mi sueño (y quizás el de muchos) es irme a vivir a algún pueblito de montaña, lejos, muy lejos de los venenos y de esta oligarquía “de patas sucias”, insensible y dañina. Donde la leche, la carne y las verduras no estén envenenadas porque no se puede asesinar sobre las piedras. Si se pudiera, ya lo habrían hecho. De alguna manera lo hacen con la minería a cielo abierto, pero está más focalizada. Distinto es la inmensa extensión de soja que nos cubre y ahoga.


De nada sirve echarles la culpa solamente a los políticos porque, en materia de venalidad, unos son los que cobran y otros los que pagan. Es difícil identificarlos…, porque huelen igual.

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Bandera: sin buenas noticias

victor krieger fabbroni:

“EL AGUA SUBTERRANEA DE BANDERA ESTÁ ENVENENADA CON AGROTÓXICOS”
RESPONDE UN TERO BOBO (ENTRENADO POR AAPRESID):
“BANDERA LOGRARÁ DENTRO DE 10 AÑOS UNA ¿CERTIFICACIÓN EN SU ÁREA PERIURBANA?”

Pablo López Anido miembro de la Comisión Directiva de AAPRESID*, en comunicación con La Red Rural, ahondó sobre “su” proyecto de Buenas Prácticas para “aplicaciones” en la ciudad de Bandera, Santiago del Estero. *(AAPRESID es una asociación privada que controla y comercializa la Siembra Directa; es responsable “inicial” de la actual variedad y combinación de agro-venenos, ¡verdadero negocio de las corporaciones!; de la compactación e impermeabilización de la tierra por falta de roturación cíclica, del incremento de malezas herbicidas-resistentes, inundaciones y, finalmente, del incierto final para la naturaleza y raza humana)
 Desde CHACRA-BANDERA-AAPRESID el Director Adjunto de la  Red de Conocimiento en Malezas Resistentes (REMafirma: “estamos trabajando manejos alternativos de malezas. Ésta es una zona muy complicada, ya que es la cuna de las malezas resistentes (Bingooo). Los productores venimos luchando (fracasando) hace más de diez años contra este problema (Bingooo). En esta zona se hizo la primer detección de “sorgo resistente” en el país (Bingoooo)”.
  • Inevitablemente, cuando se desdibuja la realidad comienzan los interrogantes: ¿De qué resistencia está hablando, Sr. Director?. Ningún individuo de ninguna especie se resiste a su propia naturaleza.
En la entrevista, López Anido relató el proyecto con el cual está trabajando desde hace unos meses: “aplicaciones periurbanas”
  • ¿Aplicaciones de qué, Sr. Anido? ¿Por qué a ustedes les cuesta tanto poner por escrito: “fumigaciones con agrotóxicos”? ¿Es porque no pueden reconocer que están liberando venenos prácticamente sobre la población, venenos que se vinculan directamente con patologías mediatas e inmediatas en nuestra salud? ¿Y usted cree que nadie se ha dado cuenta?
Al respecto, dijo estar participando en “la generación de una ordenanza que organice las aplicaciones en esta zona. La idea es que haya un registro fiscalizado, cargado en las plataformas online y en donde la Municipalidad pueda tener un seguimiento y bla, bla, bla. De esta manera,  a medida que se vayan cumpliendo los objetivos se logrará una certificación en toda el área periurbana implementando las Buenas Prácticas Agrícolas”.
  • “Sí, las famosas y recurrentes B.P.A.” O yo he perdido la razón entre tanto chamuyo y macaneo, o es lo mismo que vengo escuchando desde hace 30 años cuando no existían las Malezas herbicidas Resistentes y el Agua y aire de Bandera no estaban contaminados.
Anido aseguró que “hacen falta registros de aplicadores”. “Asegura que es mucho lo que se dice y lo que se sabe, pero también es mucho lo que se hace mal y que, por eso, hay mucha desconfianza en el ámbito urbano, algunas ciertamente fundadas.”
  • ¿Este logro sojero que tan bien describe corresponde a alguna peculiaridad de Bandera, o es producto de la avaricia, corrupción y ausencia de controles locales y provinciales?
¿Los objetivos? Apostar a una certificación total de la agricultura de acá a diez años. Reglamentar, cumplir, generar oportunidades de mejora, y volver a transformar los protocolos. Un trabajo dinámico a prueba y error
  • (¡Ayyyyyyyy mamita, 10 años más!!)  
  • Este tema será analizado en profundidad en la próxima Jornada Aapresid en la localidad de Bandera y en Rosario)(¿Profundidad?: claramente vemos que van por los 100.000 mts. de hondo, por lo menos, y solo constatamos dólares, degradación, veneno y exterminio)

PERO TAMBIEN ES DEBER RECONOCER MÉRITOS:
  1. Bandera es “cuna” de las malezas resistentes con respecto al resto del país.
  2. En Bandera se hizo la primera detección” de Sorgo Alepo Resistente del país.
  3. ¡Por fin! Bandera ya tiene su agua subterránea contaminada con AGROTÓXICOS.
  4. Ley 6.312 (y todas las Nacionales) ordenaron hace 3 décadas la creación de Registros de Aspersores pero los productores no la aplican por defecto, o porque “no son más que leyes”. ¿Sres., todavía no se dieron cuenta que están tratando con criminales ambientales?
  5. Aapresid equipara el Área de Protección Legal sobre venenos que enferman y matan personas, con pérdida de ganancias para la Agricultura Transgénico-Industrial (que a pesar de las directivas “de arriba” y hagan lo que hagan, está colapsando por su propio peso).
  6. Aapresid reconoce que hay mucha y fundada desconfianza en el Ámbito Urbano” (No es desconfianza señor, es terror toda vez que sabemos que vamos a enfermar y morir porque “nos obligan a respirar venenos”; porque ya envenenaron nuestras fuentes de agua subterránea y alimentos; porque vimos como arrasaron el monte nativo; porque vemos como se limpian el traste con Recetas Agronómicas, Registros y Ordenanzas; porque el RoundUp ultra potenciado y combinado es de “Venta Cuasi-Libre” y ya no sirve para nada; porque le sacaron el olor al 2.4D y lo hicieron indetectable mediante nanotecnología.
  7. También sostiene: “Los resultados se verán dentro de 10 años en base a PRUEBA Y ERROR”. (Pero si ya “probaron y erraron” durante más de 20 años y son “únicos” responsable del origen de las malezas resistentes que, finalmente, los está derrotando porque, en esta guerra, el ejército de la naturaleza está de nuestro lado.
Ya no es una sensación que hayan traspasado una barrera que deberían haber respetado, protegido. Debió ser así porque, una nueva vida que modifican, vivirá más que ustedes y lo hará fuera de control sobre lo más sagrado que es nuestro “derecho a la vida”, a respirar y alimentarnos. La Siembra Directa eligió sembrar semillas de cizaña junto con nuestros alimentos, que son los mismos que comen sus hijos. Ustedes acabarán mojados arriba y abajo al exterminar el Monte Nativo robandole espacios vitales a la naturaleza. Ustedes decidieron refugiarse en la intemperie.
¿Será, finalmente, la Agroecología quien ponga fin a sus conductas ECOCIDAS?
¿La veremos incrustarse en sus conciencias personificadas en las cenizas de sus ancestros, agricultores que supieron convivir en paz con el TERO SABIO?
Señores “empresarios … si se pudiera partiles la cabeza, no para lastimarlos, sino para descubrir ¿qué tienen adentro? ¡O peor, qué les falta…!
Si consideran que estas palabras lastiman por fuertes o duras, les aseguro que infinitamente peor es la lenta agonía del cáncer (la más cruel de las muertes) y la inevitable pregunta final que todas las víctimas nos hacemos y ustedes "lo saben”:
¿POR QUÉ A MÍ…?
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LA NOTICIA Y SUS REPERCUSIONES EN SANTIAGO DEL ESTERO:
POR: victor krieger fabbroni
5/5/17

OCHO DE CADA DIEZ FRUTAS Y VERDURAS QUE ESTÁN EN NUESTRA MESA CONTIENEN PLAGUICIDAS TÓXICOS PARA HUMANOS

Un estudio de la universidad de la Plata encontró que en verduras y cítricos, OCHO DE CADA DIEZ CONTIENEN PLAGUICIDAS TÓXICOS PARA HUMANOS.
Lo afirma una investigación realizada por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfánprohibido en Argentina desde 2013. Sin embargo está presente de manera cotidiana en la mesa de los argentinos.
También los insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina. Y los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Estos son complementos del famoso herbicida glifosato”, destacó Damián Marino, cuando presentó su trabajo en el Congreso de Salud Socio ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. La investigación destaca la responsabilidad del Estado, que permite una forma de producción y comercialización que implica alimentarse con venenos. Poco se sabe sobre la toxicidad de mezclas de activos de plaguicidas (sinergia), más en exposiciones crónicas como estos casos”, aseguró Marino.
La solución es consumir productos con ausencia de plaguicidas, para lo que se requieren políticas públicas que controlen el producto hasta su comercialización.
REPERCUCIONES:
Consultado por un importante Medio Provincial acerca de tan grave denuncia (y evidencia), el representante del Organismo CRA (Confederaciones Rurales Argentinas)vocal Pablo Karnatz,  se refirió al tema de la siguiente manera:
Corporativo y consciente de su rol desinformativo, omitió (mintió) a toda la audiencia santiagueña al no referirse concretamente al ESCANDALO DEL USO de tóxicos prohibidos empleados clandestinamente en horticultura y sus efectos sobre la salud de las personas (motivo de la trágica denuncia que requirió su presencia). También que los productores persisten en el uso del Endosulfan prohibido por ser Extremadamente Tóxico hace más de 4 (cuatro) años ¡Y ÉL LO SABE!!!!!…
Este enemigo camuflado en la sociedad, durante toda su exposición recalcó la responsabilidad del consumidor (como si fuera el responsable), desde el acto elemental y primario de lavarse las manos. Luego, como deben lavarse frutas y verduras para quitarle parte de los venenos (algunos incorporados sistémicamente).
Quedó claro que su presencia obedecía a la intención de minimizar el escándalo de los venenos y tirarle la pelota a la pobre ama de casa que paga esas porquerías por “buenas” y no sabe que están envenenadas con permiso obvio de SENASA que delinque CON OMISIÓN Y PERMISOS en representación del Estado Argentino.
Algunos funcionarios públicos,  como éste sujeto, en lugar de defender el interés del pueblo traicionan sus responsabilidades haciendo que suframos graves daños los desprevenidos, los que confiamos en ellos, que creemos en su palabra. Pudo haber dicho (obligado porque le pagan un sueldo): me haré cargo del problema activando la denuncia hasta sus máximos niveles y detener esta verdadera matanza de personas. ¡PERO NO LO DIJO!!!
Pudo haber aclarado: se toman muestras al azar de un “lote”, lo cual no indica que sean, únicamente, las envenenadas. Si lo están ésas, lo están todas. ¡PERO NO LO DIJO!!!
Que esta situación se produce por la obsolescencia de nuestras Instituciones, por su venalidad intrínseca, por la falta de control ALIMENTARIO en “todos los ámbitos”. ¡¡¡¡PERO NO LO DIJO!!!!
Si no fue capaz de DECIR, ni sueñen que sabrá HACER.
Como en el caso del nefasto Glifosato, su mente está formateada por la Corporación y por tal, es sistemáticamente convocado para cumplir su rol: MENTIR, ENGAÑAR, NEGAR…
Nos están envenenando el agua, el aire, la tierra y los alimentos consecuencia de una cadena de corrupción interminable que se alimenta con plata espuria que a todos estos sujetos consta PERO se hacen los distraídos y pasan por caja.

Lo que digo, lo digo como una víctima más del envenenamiento masivo del pueblo argentino en manos de su propio Estado
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Incendio en local de Agro-tóxicos en Bandera

El día 8/1/17 se incendió un depósito de Agrotóxicos muy cercano a las últimas viviendas. Yo no estaba en Bandera cuando ocurrió y no supe nada de él a posteriori porque hubo un silencio total de radio y ningún medio gráfico acusó recibo. Como si nunca hubiera pasado. 
El día 20 (12 días después) vino un Concejal a verme para que le redactara un Pedido de Informes  al HCD (en feria) e hiciera la denuncia policial, en principio. Repito, un Concejal que se llama Luis RODRIGUEZ que me dijo que cuando quiso actuar lo persiguieron dos camionetas y bla, bla,bla.
Ahí comencé a averiguar: el incendio fue total y se "quemaron" nadie sabe que cantidad/calidad de venenos. Eso dicen, pero lo que en verdad sucedió es que se quemaron cajas, cajones, algunos plásticos y muebles, pero el veneno en crudo se esparció por las inmediaciones y se filtró sin ningún tipo de contención. Desde ya me arriesgo a sostener que se trataba de RoundUp, Paraquad, Atrazina, Dicamba, 2.4-D DEDALO ELITE, el terrorífico Clap (hormiguicida que se mezcla con las mezclas de herbicidas) y todos los insecticida y fungicidas cuya nómina es interminable que mantienen en permanente stock.
El incendio fue suficientemente grave porque, a pesar de tener Bandera su Cuerpo de Bomberos, se pidió auxilio a los de Añatuya y Tostado.
En Este momento están removiendo la tierra que tuvo contacto con el veneno (para esconderla en algún lugar) y reemplazarla por tierra incontaminada.
Yo estoy denunciando directamente a la Fiscalía de Añatuya (desde un mes antes de la feria) por el tema fumigaciones y ordenanza regulatoria y no hicieron nada. Lo mismo va a pasar con cualquier intento en el presente cuando se reabra la feria.
Les pido, si tiene alguna relación o contacto con alguna UFIMA (ya me conocen porque he hecho varias denuncias y han mandado inspecciones pero, ellos mismos, me dijeron que era puro simulacro y así fue). Distinto sería si ustedes (con sus antecedentes y experiencias) cuentan lo que pasó con el incendio, porque eso sobrepasa toda tolerancia respecto al envenenamiento de un pueblo liberado y al margen de la ley. También está la gente de AAAA con los que no tengo relación pero pueden querer tener injencia en este problema. Ellos son los que llevan adelante del Juicio Federal que está en la Corte. Gugleando  Gimenez Fany y otros se tiene acceso. Tal vez este nuevo incidente revitalice las denuncias originales.
Esto que paso, volverá a pasar porque nunca quisieron hacer estudios de Impacto Ambiental a pesar de haberse pedido expresamente; de hacerlo deberán cancelar todas las autorizaciones municipales.

Gracias por lo que puedan hacer respecto al incendio y las consecuencias que se verán en el tiempo, porque si le sumamos las fumigaciones aéreas con una intensidad y frecuencia nunca antes vista (los campos están semi inundados o sin piso) desde una base que está a 500 mts. de las casas, van a transformar este pueblo en un verdadero infierno.
Un abrazo.

Victor Krieger Fabbroni


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Un caso de agro-toxicidad en Bandera -entre muchísimos-

tiene enorme repercusión nacional


Julieta SANDOVAL es un ángel que nació, agonizó y murió en Bandera, Santiago del Estero.
Hija de Alicia GIMENEZ en concubinato con un Sr. de apellido SANDOVAL, nació con teratogenia múltiple producto de los agrotóxicos que se utilizan masivamente en la zona.
Como antecedente familiar, contaba con la muerte de su abuelo Luis GIMENEZ víctima de EPOC, con idéntico origen. “No me toquen que estoy lleno de veneno” decía cuando retornaba a su casa luego de fumigar con aspersores remolcados abiertos y sin ninguna protección. Quien lavaba su roba impregnada con agrotóxicos era, precisamente, Alicia, madre de Julieta. Ella trasmitió a la hija sus genes mutados por el veneno (que puede ocurrir hasta la 4ta. Generación).
Impotente, hice la denuncia en el Tribunal Penal de Añatuya, a cargo de la Jueza Geres, y recurrí por auxilio a la Dra. Graciela GOMEZ, reconocida ambientalista radicada en Bs. As. A partir de ese momento ella se hizo cargo de Julieta y Alicia tramitando su traslado en avión sanitario y su internación en el Hospital Garrahan durante casi tres meses.
Nada se pudo hacer por Julieta que, a los pocos meses, dejó de existir y fue velada en una iglesia Evangelista de este pueblo que se apiadó de sus progenitores y de esa vida cercenada por la avaricia.
El deceso de Julieta dio origen a la Causa Federal GIMENEZ, Alicia Fany y otros contra el Ministerio de Agro Industria y otros llevado a cabo por la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentinos (A.A.A.A) impulaso por la Dra. GOMEZ.
Tras idas y vueltas, y ya en la Suprema Corte de Justicia, la causa es tomada como argumento y antecedente por el fiscal federal Fabián Canda quien el 1° de Diciembre ppdo. solicita la suspensión en todo el país de la utilización del herbicida glifosato (el agroquímico más utilizado en Argentina). “De los informes y antecedentes citados en el expediente, se evidencia la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos en base a glifosato”, afirma el escrito judicial. El fiscal también cuestionó la forma en que se mide la toxicidad de los agroquímicos (en base a informes de las propias empresas y sin medir los impactos en mediano y largo plazo). “Sólo en Argentina hay más de cien estudios científicos que confirman distintos efectos del glifosato”.
La jueza de primera instancia, Claudia Rodríguez Vidal, denegó el pedido de los denunciantes (prohibición total del herbicida), pero la sentencia fue apelada.
En la apelación, en un dictamen de 29 páginas cargado de argumentos científicos y jurídicos, el fiscal Canda cuestionó el fallo de primera instancia por no haber tenido en cuenta los diversos informes que confirman las consecuencias del glifosato y alertó que no se aplicó la Ley General del Ambiente (25.675). 
Entre las bases argumentales para suspender el uso de glifosato toma, entre otros, informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Defensoría del Pueblo de la Nación y fallos judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso contra Minera Agua Rica, en Catamarca). También resalta la decisión de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud), que en 2015 vinculó el glifosato al cáncer, y confirmó que produce daño genético en humanos (lo que costó la vida de Julieta).
“Los peligros que para el ambiente y la salud implican la utilización de agrotóxicos ya cuentan con condenas firmes” destacó el fiscal Canda, y refirió el juicio de 2012 en Córdoba, conocido como “el de Madres del Barrio Ituzaingó” donde se consideró delito las actuales prácticas y se condenó a un aplicador y a un productor.
El fiscal plantea:
  1. La suspensión total, en todo el país, del herbicida glifosato.
  2. Prohibición total de fumigaciones aéreas.
  3. Implementación de una zona de protección para la población de 5 Km. (cinco kilómetros) .

    También se expidió el INTA: “El uso exorbitante de agrotóxicos ubica a la Argentina en el segundo lugar en el mundo de uso de herbicidas por hectárea”, lo cual provocó reacciones en el mundo científico calificándolo como una “situación de amenaza grave para la salud y el ambiente argumentando el agravante que “la toxicidad indicada para los agroquímicos comerciales no representa su toxicidad real” Esto fue corroborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación (Resolución 147/2010): “ confirmando el mayor porcentaje de niños nacidos con malformaciones y abortos espontáneos en zonas de aplicación masiva de agroquímicos”.

                  El fiscal federal sustenta su posición en la aplicación, del “principio precautorio” (vigente en la Ley 25.675): “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar las medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente”.

                En los últimos años se produjeron fallos en contra de los agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba, Salta, Santa Fe, San Luis y Buenos Aires. 

                Sectores del agronegocio aún argumentan que “no hay pruebas” de las consecuencias, mientras que el afamado científico Gilles-Erik Seralini (duramente castigado por las corporaciones) denuncia que los laboratorios fabricantes (Monsanto, Cyngenta y otros) “manipulan y ocultan evidencia y solo proveen información parcializada mediante presentaciones Judiciales que requieren años de gestión”

                   En contraposición, en Argentina hay más de cien estudios de científicos de universidades nacionales (que dan sustento a los fallos mencionados): La Plata, Buenos Aires, Rosario, el Litoral, Nordeste, San Luis entre otras) a cargo de científicos independientes como Rafael Lajmanovich, Damián Marino, Fernando Mañas, Delia Aiassa, Raúl Horacio Lucero, Andrés Carrasco(f), Fernanda Simoniello y Silvana Rosso, entre tantos otros.

                   Siento en el alma que, en Bandera, “todos somos Julieta Sandoval”.

Fuente: Victor Krieger Fabbroni


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Un Fiscal Federal solicita la suspensión del uso del 

Glifosato en toda la Argentina.

El Fiscal Federal Dr. Fabián Canda, quien representa al Ministerio Publico en las causas judiciales que tramitan ante la justicia Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires solicitó, el 1 de diciembre de 2016, a la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el dictado de una medida cautelar que consiste en la suspensión del uso de los paquetes tecnológicos del agronegocio que conllevan el uso de semillas transgénicas y los formulados comerciales del agrotóxico Glifosato, o en su defecto, la prohibición del uso del Glifosato para fumigaciones aéreas y una zona de protección de 5 kms, de dicho agrotóxico, para el caso de las fumigaciones terrestres, en relación a los centros poblados, escuelas, pueblos y casas rurales, ríos, lagunas y pozos de extracción de agua subterránea.
En el último aspecto, la solicitud del Ministerio Publico cita y adhiere a las exigencias de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, (Reduas), Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), Cátedra Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina/Escuela de Nutrición, Red Ecosocialista, Colectivo Sanitario Andrés Carrasco, Acción por la Biodiversidad, Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López, Foro Ecologista de Paraná, Red Salud Popular Ramón Carrillo, Centro de Protección a la Naturaleza, Naturaleza de Derechos, Bios de Mar del Plata, entre otras organizaciones, en la presentación administrativa realizada ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el 5 de Junio de 2015. http://reduas.com.ar/presentacion-d...
La solicitud se da en el marco de una apelación al rechazo de una medida cautelar, en un proceso judicial colectivo donde se reclama la reparación del daño ambiental ocasionado por los OGM y el agrotóxico Glifosato en la Argentina.
El Fiscal consideró idóneo y válido el reclamo de las organizaciones de profesionales, gremiales, sociales y ambientales, haciendo señalamientos precisos y muy valiosos citando inclusive la encíclica Papal Laudato Sii.
Hace mención del caso del Barrio Ituzaingo de Córdoba resuelto por la Cámara en lo Criminal de la 1° Nominación de Córdoba, adviertiendo que “los peligros que para el medio ambiente y la salud implican la utilización de agrotóxicos pueden considerarse en la actualidad de nuestro país como de público y notorio”.
Sostiene que corresponde la aplicación del principio precautorio y considerar las conclusiones de “estudios científicos, informes técnicos realizados en el plano local e internacionales, incluso informes producidos por órganos de control con jerarquía constitucional tales como la Auditoria General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación.” Asimismo apunta el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer IARC, y el dictado del Decreto del PEN 21/09 por el que “se reafirmó la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud con acciones positivas y el deber de adoptar de inmediato las medidas pertinentes conforme la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, para lo cual -agrega- creó la Comisión Nacional de Investigación sobre los Agroquímicos.
El fiscal señala que todos “esos informes y antecedentes dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato”. Ignorarlos "es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces" advierte el representante del Ministerio Publico, que a su vez recuerda que “la CSJN sostiene enfáticamente que el principio de precaución produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios.”
Se trata de un dictamen fiscal encomiable donde la cabeza del Ministerio Público del fuero contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, recepta y atiende un reclamo de los pueblos fumigados de la Argentina.
La Sala III del fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires tiene la ardua tarea de resolver la petición del ministerio público como así también el pedido cautelar de Naturaleza de Derechos sobre la suspensión de la comercialización de la Soja Intacta RR2 de la empresa Monsanto. Ambas decisiones, seguramente se conocerán en el primer cautrimestre del año 2017.

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Greenpeace repudia nuevas agresiones de grupos armados a familias campesinas en Santiago del Estero

Santiago del Estero, 26 de septiembre de 2016.- Greenpeace repudió las reiteradas, y cada vez más violentas, agresiones de grupos armados hacia familias campesinas en Santiago del Estero con el objetivo de ocupar sus territorios y arrasar con sus bosques. La organización ambientalista reclamó a los gobiernos provincial y nacional que actúen en defensa de las familias y sus bosques; y al Congreso Nacional que sancione lo antes posible el proyecto de ley presentado la semana pasada que establece un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo.
"A pesar de las reiteradas advertencias y reclamos de organizaciones campesinas y sociales, crece cada vez más la violencia por parte de empresarios agropecuarios hacia las comunidades campesinas e indígenas en Santiago del Estero con el objetivo de desalojarlas y desmontar. Los que deforestan ilegalmente y agreden a las comunidades no son empresarios, son delincuentes. Los gobiernos provincial y nacional no pueden desentenderse de esta grave situación, provocada en gran medida por la sistemática violación de la Ley de Bosques. Por su parte, el Congreso debe sancionar lo antes posible la ley que penaliza los desmontes ilegales", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 
En un comunicado, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) denunció que el sábado pasado "tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero. La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna".
La Dirección de Bosques de la provincia autorizó el 29 de octubre de 2014 un Plan Productivo de 3.692 hectáreas a la empresa Gran Hondonada S.A. en las propiedades Lote A, Lote A-10-2 y Lote A-11, ubicadas en el departamento Juan Felipe Ibarra. Las mismas son parte de un territorio reclamado por la Comunidad Indígena Iaku Cachi Bajo Hondo ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el cual comprende varios parajes (Campo del Cielo, Laguna Baya, Campo San Martín y Bajo Hondo) y abarca cerca de 10.000 hectáreas. El 14 noviembre de 2014, la Dirección de Bosques suspendió el proyecto, ante los reclamos de los campesinos. Sin embargo, ya se llevan desmontadas más de 2.500 hectáreas en forma ilegal. (1)
El junio de este año Greenpeace envió una carta a la gobernadora de la provincia, Claudia Abdala de Zamora, manifestando su "profunda preocupación por un nuevo aumento de la violencia de empresarios agropecuarios hacia las familias campesinas en Santiago del Estero; asociada en la mayoría de los casos con el avance de los desmontes en los territorios que tradicionalmente habitan, muchos de los cuales se realizan con autorizaciones otorgadas por el gobierno provincial. (...) Permitir la deforestación en territorios campesinos e indígenas vulnera en forma flagrante las leyes vigentes e ignora las demandas de la sociedad. En ese sentido, el artículo 19 de la Ley Nacional de Bosques (26.331) dicta que "todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras". Por otra parte, la organización ambientalista señaló la falta de audiencias públicas previas a las autorizaciones de cambio de uso de suelo, que están establecidas por la normativa nacional con el objetivo de fomentar la participación y evitar los conflictos de tierra y la violencia que sufren las familias campesinas, cuyos territorios son arrasados. (2)
Un reciente informe de Greenpeace denunció que entre enero y agosto de este año en Santiago del Estero la deforestación ilegal alcanzó las 10.583 hectáreas de bosques (el doble que en las zonas permitidas). (3)
La semana pasada, la Diputada Nacional Victoria Donda presentó junto a Greenpeace el proyecto de ley "Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo", el cual establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. De la conferencia de prensa participaron indígenas, campesinos y vecinos afectados por la deforestación en Santiago del Estero, Salta, Córdoba y Neuquén. (4)
Notas:
1) Informe de Greenpeace “Desmontes S.A. Parte 3. El mapa del delito forestal en Argentina”.
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/2016/8/INFORME_DESMONTES_SA_3_FINAL.pdf 
2) Carta de Greenpeace a la gobernadora de Santiago del Estero 
3) Informe de Greenpeace "Deforestación en el norte de Argentina (enero - agosto 2016)

4) Proyecto de ley "Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo"


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Imágenes integradas 1

URGENTE: NUEVO ATAQUE ARMADO A LA COMUNIDAD DEL BAJO HONDO POR PARTE DE LA EMPRESA MANAOS
UN COMPAÑERO HERIDO DE BALA, QUEMA DE RANCHOS Y VEHÍCULOS, MUERTE DE ANIMALES Y DISPAROS A LAS FAMILIAS

https://www.youtube.com/watch?v=bKAkEiYxeG0

​(hacé click en la imagen para 

VER UN VIDEO
 del ataque)


Hoy sábado 24 a las 9 de la mañana, tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15 personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero.

La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y el compañero Pedro Campos recibió un balazo en la pierna y se encuentra pendiente de operación para extraerle la bala.






Después de prender fuego a los ranchos y viviendas de la comunidad ( que habían sido reconstruidas tras el ataque del mes de julio), la emprendieron contra los animales vacunos, matando a 6 e hiriendo a más de 14. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo. Después de esto, se retiraron del territorio comunitario.
Al cabo de un rato, se hizo presente una comitiva policial que hasta el momento, no actuó para detener a los responsables.






Y nos hicimos presentes muchos compañeros y compañeras de las comunidades vecinas que fuimos a ayudar a reconstruir los ranchos, los alambres y acompañar las familias de la comunidad, con la solidaridad como nuestra principal arma de lucha.

Este nivel de impunidad es inadmisible. El modo de actuar violento y mafioso de Orlando Canido,el dueño de Gaseosa Manaos que en varias ocasiones se ha presentado en el campo comunitario queriéndose adueñar del mismo, ha sido públicamente denunciado durante años, con aporte de pruebas, filmaciones, denuncias, etc.






Llevamos meses denunciando el incremento de la violencia, la presencia de bandas armadas, los amedrentamientos en las rutas, las muertes de animales y cortes de alambre y los jueces jamás actuaron. Ahora mismo, estamos pendientes de la detención de los miembros de la banda comandada por Lachy Letonai y a las órdenes de Orlando Canido, porque el nivel de violencia de estas bandas armadas es cada vez más peligroso para la vida de las familias campesinas.

Exigimos la actuación inmediata de la justicia, la detención de Orlando Canido y de toda su banda armada.
Queremos vivir y producir alimentos sanos en nuestras tierras.

¡NI UN MUERTO MÁS POR EL DERECHO A LA TIERRA!

MOCASE VIA CAMPESINA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA

Contactos
Angel: +54 9 384 443-2323
Margarita: +54 9 384 340-5444
Gustavo: +54 9 11 66442019

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Los agrotóxicos están fuera de control


Fuente: http://www.laprensa.com.ar/410027-No-hay-control-sobre-los-pesticidas.note.aspx

"En Santiago del Estero, más concretamente en Quimil, al noreste de la provincia, un avión amarillo termina de realizar la tercera pasada sobre el campo de girasoles que rodea a una casa baja y rosada sobre la que cuelga un cartel que dice: Escuela 146 La Pampa. Las 110 familias que viven en la zona se cansaron de denunciar las fumigaciones. Afirman que se les secaron los árboles frutales y que sus chicos terminan con los ojos irritados, pero nadie parece escucharlos."




Actualidad
El uso del glifosato cerca de ciudades y pueblos de todo el país produce enfermedades incurables y malformaciones en niños y adultos

No hay control sobre los pesticidas
14.07.2013 | Los médicos que ejercen su profesión en zonas rurales lo ratifican: crecen los casos de cáncer y deformaciones debido a las fumigaciones con agroquímicos. Por su parte, el Ministerio de Salud elaboró un informe que también confirma que en las poblaciones expuestas a estos productos tóxicos hay un 30 por ciento más de gente afectada con tumores que en las que no lo están.
Médicos que ejercen su profesión en diferentes provincias del país reportaron, durante un encuentro realizado en Rosario en 2011, los datos acerca de la “acumulación de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer” en pueblos y regiones agrarias fumigadas con agroquímicos.

Los profesionales de la salud destacaron el aumento de enfermedades de este tipo en Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Misiones, y expresaron “mucha preocupación por la irresponsabilidad del uso continuo” de glifosato para fumigar vías férreas en lugares poblados del Gran Buenos Aires.

Las conclusiones surgieron del primer Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental y del segundo Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. “Los agrotóxicos nos están enfermando, por lo menos hay que restringir su uso aéreo y alrededor de los pueblos”, explicó el pediatra Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de

Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba.

En las disertaciones, más de 350 asistentes presentaron, a nivel científico, “evidencias y nuevos descubrimientos sobre los mecanismos”de que las sustancias químicas utilizadas en la agricultura “generan enfermedad en los humanos”.

En ese ámbito, reclamaron la implementación de resguardos públicos para evitar o disminuir la contaminación.

Al respecto, pidieron que sean prohibidas las fumigaciones aéreas, alejar las aspersiones terrestres de las cercanías de los pueblos y reclasificar los agrotóxicos con criterios sanitarios.

El médico Alejandro Oliva resaltó que en el sur de Santa Fe la exposición de los agrotóxicos disminuye las capacidades sexuales y reproductivas en los varones, datos que fueron publicados en revistas científicas internacionales.

El aumento del monocultivo de soja ha dado como resultado un uso excesivo de agroquímicos, especialmente del herbicida conocido como glifosato. De acuerdo a estudios de varios organismos e instituciones, este producto es peligroso y dañino para la salud, y durante años ha estado rociándose desde avionetas en zonas aledañas a pueblos.

EN CHACO

En la provincia del Chaco, vecinos de Paraje Buena Vista de la zona de General San Martín, denunciaron que el 26 de enero se realizaron nuevas fumigaciones ilegales con agroquímicos a menos de cien metros de sus viviendas y en cercanías de la escuela EFA Nº 141.

Los vecinos recordaron que las fumigaciones ya habían sido denunciadas en diciembre de 2012 y durante enero de 2013, situación que motivó la presencia en el lugar de funcionarios de la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno provincial, el 17 de enero último.

Los pobladores de Paraje Buena Vista, a través de la Red de Salud Popular ‘Dr. Ramón Carrillo’, reclamaron

la urgente intervención de las autoridades del Ministerio de Planificación y Ambiente del Chaco para evitar mayores daños a la salud de la población.

"Riesgo inminente de óbito’’, dice el último parte médico de Gonzalo, eufemismo que indicaba que el bebé, con dos meses y 27 días, podía morir en cualquier momento. En su diagnóstico se puede leer ‘malformación craneoencefálica’.

Las estadísticas dirán más tarde que es uno de los siete entre mil casos que nacen así, pero su padre, Pedro Mores, cree otra cosa. El pequeño Gonzalo se gestó en uno de los tantos pueblos chaqueños expuestos a las fumigaciones con agroquímicos. La familia Mores vive en el límite de las provincias de Chaco y Santiago del Estero.

"Por ahí andan fumigando constantemente con los aviones y con los tractores que llaman ‘mosquitos’ -cuenta Pedro-. En el pueblo hay más casos como el de Gonzalo, unos cuatro, y es un lugar chico de unos siete mil habitantes’’.

Un informe del Ministerio de Salud de mayo de 2012 confirma su sospecha. En las poblaciones expuestas a los agroquímicos hay un 30 por ciento más de casos de cáncer que en las que no lo están. Aun así, las denuncias

sobre los efectos de los agroquímicos, utilizados en la explotación de cosechas de alta rentabilidad, suelen perderse entre la polémica.

Las grandes empresas niegan los efectos tóxicos de las sustancias y piden el ‘uso responsable’ de lo que la gente del campo llama, sin rodeos, ‘venenos’.

SIN CONTROL
En el año 2012, una investigación realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó graves falencias en el control de la aplicación de agroquímicos por parte del Senasa. En un informe que sus propios autores caracterizaron como ‘lapidario’ se afirma que el ente no puede cumplir con sus atribuciones.
Según el informe elaborado por la Auditoría, los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas en la Argentina, donde habitan alrededor de 12 millones de personas.
Sin embargo, la Comisión creada para prevenir daños en la salud de la población afectada por agroquímicos no trabaja desde el año 2010. Tampoco se realizan las evaluaciones pertinentes para determinar la peligrosidad de los productos autorizados.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo encargado de registrar y autorizar los agroquímicos utilizados en la actividad agropecuaria. Así, el ente se ocupa de clasificar los plaguicidas según su toxicidad y lleva registros de las empresas productoras y aplicadoras de los mismos.
"Nada de esto está cumplimentado de acuerdo a lo que debería ser; el organismo no cumple eficiente ni eficazmente con su obligación de autorizar y con su obligación de registrar y tampoco cumple debidamente con los análisis de las muestras de los agroquímicos”, afirmó el auditor general Vicente Brusca en base a una investigación que analizó el trabajo del organismo nacional entre 2008 y 2011.
En tanto, la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) fue creada por decreto presidencial en 2009 para dar respuesta a los reclamos de pueblos afectados por fumigaciones -especialmente las Madres de barrio Ituzaingó Anexo (ver recuadro)- así como ante la información que en los últimos años se ha producido sobre esta problemática desde diversas instituciones y organizaciones.
Sin embargo, según lo auditado, “no se tuvo evidencia de avances de la CNIA posteriores a 2010”. Al respecto, la investigación realizada explica que se conformaron tres grupos de trabajo entre la comisión mencionada y direcciones del Senasa. En base a esta situación, los miembros de la Auditoría General de la Nación concluyen: “No se han extremado las medidas de control en la aplicación de los agroquímicos para garantizar el buen uso de los mismos y que no afecten a los habitantes de las zonas colindantes a los cultivos”.
GENERACIONES
Las investigaciones médicas señalan que el daño más intenso del glifosato se manifestará en los hijos de quienes viven en zonas cultivadas.
Sin embargo, la Justicia sólo actúa sobre el presente. El glifosato es un veneno bioacumulativo‘‘que cuando
ingresa en un ser vivo se transmite de generación en generación”, asegura la abogada santafesina Graciela Gómez, quien ha presentado varias denuncias judiciales de víctimas del uso de los agrotóxicos.
“Una persona no lo podrá padecer pero sus hijos tal vez sí; al ser bioacumulativo en algún momento la enfermedad estalla, por la suma de pequeñas fumigaciones”, agrega.
Con la introducción de los agrotóxicos en los ámbitos rurales durante las últimas décadas, han surgido los reclamos por malformaciones, enfermedades incurables, muertes de niños y abortos espontáneos.
Sin embargo, los fallos obtenidos tienen corto alcance. “Toda nuestra legislación se basa en analizar las fumigaciones cuando mata automáticamente, pero desconoce el envenenamiento masivo en pequeñas dosis”, explica Gómez.
MISIONES
En la provincia de Misiones, las malformaciones por contacto con agrotóxicos superan diez veces la media: “El 87% de los casos se registra en personas que habitan en zonas rurales y que interactúan con plaguicidas”, afirma el Jefe de Cirugía de Pediatría del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio.
“La malformación se detecta ya a partir de la cuarta semana de gestación”, señala el doctor, mientras explica que esa patología es producida por ‘mielomeningoceles’, que impide el normal cerramiento del tubo neural, que está a la altura del cerebro y de la médula espinal del bebé en gestación.
“En el Hospital Garrahan, ante un cuadro de leucemia, los médicos consultan si ese chico vive en zona de cultivos”, cuenta la abogada Gómez.
En diferentes casos se ha demostrado la existencia de casos de cáncer con pacientes que no habían estado expuestos directamente a los agroquímicos, pero sí lo habían sido sus padres o sus abuelos.
“Eso se produce cuando el químico impacta en la trama genética y se va reproduciendo de generación en generación. O bien pasa a través del útero de la madre”, afirma el doctor Alejandro Oliva, andrólogo de Rosario.
Las pruebas que la doctora Gómez recolectó junto a su equipo llegaron a tribunales europeos y estadounidenses.
“En la Argentina se fumiga a cualquier distancia, sobre escuelas rurales, cursos de agua, animales y humanos de forma criminal y aérea cuando la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo prohibió esas prácticas el 21 de octubre de 2009”, asegura Gómez en los textos que envió al exterior.
En Santiago del Estero, más concretamente en Quimil, al noreste de la provincia, un avión amarillo termina de
realizar la tercera pasada sobre el campo de girasoles que rodea a una casa baja y rosada sobre la que cuelga un cartel que dice: Escuela 146 La Pampa. Las 110 familias que viven en la zona se cansaron de denunciar las fumigaciones. Afirman que se les secaron los árboles frutales y que sus chicos terminan con los ojos irritados, pero nadie parece escucharlos.

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Pedido desesperado por la agro-intoxicación en Bandera                 


BANDERA (S.E.), 14 de Marzo de 2016

AL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Dr. David Beltrán
Independencia 258
(4200) Pcia. Sgo. del Estero



As.:  AGROTÓXICOS EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BANDERA-3064
Ref: DENUNCIA ANTE EL H.C.D. DE FECHA 03/03/2016


De mi consideración:
Soy poblador de Bandera, tengo 69 años y trato de no vincular mi lucha a políticas  partidarias; lo que sé, digo y firmo es producto de dolorosas experiencias en este pueblo que nací y mi participación en Congresos Ambientalistas de distintas provincias.
Intento poner en su conocimiento, no solo el último reclamo al HCD local, que adjunto, sino la real situación de indefensión socio sanitaria que registra esta ciudad (y departamento) desde hace más de 20 (VEINTE) años. Arriesgo a anticipar la presente porque sé que la Comisión de Salud del C.D. tomará 30 días para emitir Dictamen y todo cuanto otro recurso le asista para dilatar lo que hasta ahora no fue capaz de resolver. Ojalá en esta oportunidad me equivoque y me lo reprochen.
La presente se suma a decenas de denuncias y advertencias que canalicé INÚTILMENTE a través de su antecesor Dr. Marín DIAZ ACHAVAL, siempre por TE o Imail por razones de distancia. Incluso algunas obligaron su visita a esta ciudad, con muchas expectativas pero ningún resultado. No estoy haciendo un racconto valorativo sino estrictamente descriptivo para justificar este nuevo intento, ya que persiste el aislamiento (en muchos sentidos) del interior respecto a nuestra ciudad capital.
Yo necesito saber que usted sabe que, mientras el problema de Agrotóxicos en Urbe crecía exponencialmente por acción u omisión (según las partes), y la tasa de cronicidad y muerte por cáncer se triplicaban respecto a la Media Nacional, nuestro H.C.D. cerró sus puertas durante los 4 (CUATRO) últimos  años por decisión unilateral del administrador de turno. Así tuteló necesidades nuestra autocracia vernácula.
Llegamos, por fin, a un nuevo mandato, pero hay una circunstancia que cambia el escenario: Hoy tengo cáncer. Ya no soy un ciudadano denunciando que la agricultura transgénica enferma y mata, soy el resultado.
Aunque gran parte del daño a naturaleza y personas es irreversible, lo “que viene”, en materia de agricultura transgénica, es peor en grado de inaceptable.
Se abre una nueva “discusión” y, si algo he aprendido, es que no hay diálogo posible entre los que defienden “su negocio” desde la ilicitud y blindados de impunidad, con los que desde la Constitución Nacional reclamamos por el DERECHO A LA SALUD (art. 41° y 42°). Y lo hacemos sabiendo que, aunque esa misma C.N. obligue a recomponer los daños ocasionados a la tierra, agua y ambiente, eso no es posible en el término de una vida humana. Entonces, no busquemos más el remedio en diálogos hipócritas sino en el imperio de la Ley. Una frase similar está en un recorte de El Liberal y corresponde al Fiscal General del NOA, Dr. Antonio Gustavo Gomez: “el que contamina, tiene que ir preso”. ¡Miren doctores que lejos estamos!
No quisiera extenderme más, pero también necesito saber que usted lo sabe: en Bandera estamos padeciendo dos delitos del agro que rara vez se dan juntos: DAÑO AMBIENTAL Y DAÑO SANITARIO.
¿Qué quiero decir?
Que en nuestra zona no existió un proceso natural de EXTINCIÓN DE ESPECIES POR RAZONES EVOLUTIVAS, sino que LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA LAS EXTERMINÓ EN SOLO 15 AÑOS. Las técnicas mediáticas de desinformación de las Corporaciones hicieron el resto: que confundiéramos EXTINCIÓN con EXTERMINO. No son sinónimos, doctor. Los dos son procesos irreversibles, pero solo en uno de ellos el hombre es responsable. Hoy, el exterminio llama a nuestra puerta, como especie, y no estamos haciendo nada para evitarlo.
Ruego a Ud., aunque injustamente, asuma la deuda dejada por sus antecesores e interceda mediando en la materialización de los siguientes temas para, de una vez por todas, separar verdad de mentida e iniciar el largo camino de la recomposición:
  1. Que nuestro HCD provea herramientas para que en Bandera se realicen Análisis Toxicológicos Específicos sobre presencia de Agrotóxicos en Sangre y Orina practicados por la UNR (como se hizo en Ituzaingó Anexo, Monte Maíz, entre otros municipios de Bs.As., Sta. Fe y Córdoba) a fin de relacionar científicamente el aumento exponencial de cáncer y otras patologías crónicas con los venenos del Agro. Sé cómo hacerlo, tengo los contactos, solo falta decisión política.

  1. Que a fin de evacuar dudas con responsabilidad e “informar al pueblo”, nuestro Deliberante convoque al Presidente de la ONG Médicos de Pueblos Fumigados de la UNC, y al Presidente de CE.PRO.NAT (Santa Fe), profesionales serios, independientes y absolutamente capacitados en el tema. Sé cómo hacerlo, mantengo contacto con ellos, solo falta decisión política.

  1. Que urge la creación de una FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL CON PROTOCOLO DE DENUNCIA CIUDADANA que se ocupe del delito agrario y de  formalizar denuncias sobre arbitrariedad e ineptitud de los Agentes de Control. Es lo que los Pueblos Fumigados esperamos de la política: que no se desvíe de la Ley.

Si existe alguna posibilidad y Ud. lo cree conveniente, me otorgue audiencia para en forma personal pormenorizar lo que es imposible por escrito, ya que estoy hablando de más de 10 años de indiferencia y fracasos. Aunque un nuevo viaje a ésa implique gastos para los que no estoy preparado, seguro me va a ayudar la costumbre.

Saludo a Ud. cordialmente.

Victor KRIEGER FABBRONI
DNI 7995395

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ES COPIA
BANDERA(SE), 03 de Marzo de 2016


AL
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BANDERA
Sra. Nelda MENENDEZ
CIUDAD DE BANDERA
SANTIAGO DEL ESTERO
S………………………………..…………….//……………………………..…..…………….D



As.:   AGROTÓXICOS EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BANDERA

Señora Presidente:
La mayoría de las faltas graves a la Ley Provincial de Agrotóxicos N°6312 no responden exclusivamente a conductas anárquicas de agricultores por falta de control oficial. Hay algo más, algo que desde la impunidad modifica conductas y cambia reglas legales bajo presión: ES EL ACCIONAR CORPORATIVO DEL POOL SOJERO a quien poco importan las Instituciones y el pueblo de Bandera.
Consecuentemente, no sorprendería que algún miembro de este H.C.D. resulte inhabilitado para legislar en este tema por ser parte de lo que se pretende corregir. Es inaceptable que el INTERÉS PARTICULAR, hoy como ayer activamente representado en esta legislatura, continúe subordinando en calidad de inferior al BIENESTAR GENERAL consagrado y tutelado por la Constitución Nacional.
Por otra parte, resulta inevitable el carácter imperativo de la presente después de denunciar lo mismo durante más de 10 años, advirtiendo: “La Ley puesta en esas manos es una víctima más, es letra muerta”.
Contrariamente a la interpretación de “algunos”, no es casual que yo asuma esta responsabilidad en solitario y durante tantos años. La falta de participación obedece a tres patologías urbanas que son partes del mal que somete la dignidad de los Pueblos Fumigados: miedo a; dependencia de; parte activa en. En todas ellas, la Corporación Sojera y ustedes tienen algún grado de responsabilidad.
¿Qué vengo a decir?:
Que por más que lo nieguen, el veneno es “piedra basal en la INEFICIENTE Agricultura Transgénica” y mantiene vigente “su vigor” por imposición de los que aplastan el derecho a la información. La realidad es que el veneno sojero llegó a mi casa, como a la tantos otros desde distancias significativamente mayores de las supuestas, vulneró mi resiliencia y se convirtió en cáncer que debió ser operado rápidamente. Será peor si no logro recursos para irme de Bandera porque, señora Presidente: no se curan los efectos del veneno, con más veneno.
Lo que antecede avala mis dichos y torna obsoleta de origen las actuales Ordenanzas Municipales (si las hubiere) por su ineficacia, desobediencia y por estar viciadas de falacias y mala intención. En Bandera sigue reinando ilegalidad y clandestinidad en el asperjado de sustancias agrotóxicas que penetran libremente el ejido municipal lesionando naturaleza, bienes y personas. No hay otra verdad que esa indignidad.
Cómo protegerme de estas arbitrariedades y abusos del poder cuando “el sistema” me obliga a depositar mi reclamo en manos de aquél que es causa, por acción u omisión. Cuando son los jefes de sus jefes los que imparten órdenes criminales que nos enferman y matan, mismas que los burócratas ejecutan obedientemente, aún contra sus propios hijos, ignorando que estas acciones de gobierno contrarias a la Ley carecen de legitimidad.
Repito: los agricultores corporativizados deben limitarse a respetar la Ley, no las exigencias lobbistas de gobernantes que, en algunos casos, parecieran herramientas defectuosas de la democracia.
Por tal, no veo otra alternativa que ratificar anteriores denuncias esperando que la Ley vuelva a regir las Instituciones y proteja a sus destinatarios:

  • … que los agricultores “siguen conduciéndose” con  anomia y en clandestinidad;
  • … que usted y ellos saben que clandestinidad es ilegalidad, impunidad y corrupción;
  • … que estas inconductas son punibles y están debidamente tipificadas por la Constitución Nacional; Ley NGA N° 25.675; Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24051; Ley Provincial sobre Agroquímicos N° 6.312 y Código Penal;
  • …que la Corporación persiste en llamar a los pesticidas "Productos Fitosanitarios" cuando dentro de la actividad agrobiotecnológica se comportan como Biocidas”;
  • … que la “Agricultura Transgénica” es incongruente con el Principio de Precaución y el Convenio de Diversidad Biológica;
  • … que no se respeta el Tratamiento Especial de Envases de Agrotóxicos regulado por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24051, enmarcada en el Convenio Internacional de Basilea, al cual adherimos;
  • … que el Papa Francisco le ha dedicado su Encíclica Laudato Sí, documento que ataca frontalmente a la agricultura transgénica y se atreve a llamar a los venenos de la soja por su nombre: “AGROTÓXICOS”;
  • … que la Comunidad Internacional asigna a esos actos contra la biosfera (mi/su casa) el grado de Delitos de Lesa Humanidad;
  • … que la principal corporación transgénica, MONSANTO, será llevada el  próximo 16 de Oct. a comparecer ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya acusado por DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

Teniendo en cuenta que nada alcanza para que las autoridades de Bandera reformulen de oficio su Política Ambiental, y:

VISTO: La creciente desaparición por exterminio del arbolado público y domiciliario por Acronecrosis Regresiva y Degeneración Foliar; el virtual exterminio en zona urbana y Ejido Municipal de aves, abejas, coleópteros, lepidópteros (como la Mariposa Monarca) y especies soterradas; Que los AGROTÓXICOS una vez liberados SON HUMANAMENTE IMPOSIBLES DE CONTROLAR, CONTENER Y HASTA CUANTIFICAR por su uso clandestino y porque las variables cualitativas y sinérgicas potencian su letalidad hasta límites desconocidos; que el veneno que penetra nuestras casas es tan potente como a metros del aspersor y que la cercanía de los aviones fumigadores hace que parecieran estar carreteando en nuestros patios (hasta de noche); que los otrora agricultores (hoy terratenientes) huyeron de las chacras confirmando con “sus miedos” el EVIDENTE perjuicio y descontrol del Agro sobre gente, agua, aire y tierra de Bandera…

REQUIERO:
  1. El cese inmediato de fumigaciones en zona de Interface Agro Urbe.
  2. Provean herramientas sanitarias para determinar, mediante análisis químicos específicos, el grado de intoxicación domiciliaria por agrotóxicos en mi persona y, solidariamente, de todo el pueblo de Bandera por zonificación y grupos etarios;
  3. Se ponga a derecho personas y empresas agrícolas subsidiarias con “real” cumplimiento de Registros de Aspersores, Recetas Agronómicas, distancias mínimas y demás limitaciones legales que hoy se omiten en su totalidad.
  4. Con Ley en mano” proceda para que quienes reincidan en prácticas clandestinas e ilegales “comparezcan ante la justicia”.
  5. Que así como tenemos un TRIBUNAL DE FALTAS para recaudar multas, urge la creación de una FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL CON PROTOCOLO DE DENUNCIA CIUDADANA que se ocupe de materializar denuncias sobre desobediencia a la Ley 6312, arbitrariedad e ineptitud de los Agentes de Control.

Dejo constancia que me involucro nuevamente porque la situación epidemiológica de nuestra ciudad ha transpuesto el ámbito local para convertirse en tema de debate en Congresos Académicos y Ambientalistas. Éstos hacen especial hincapié que en Bandera se han anulado todos los sistemas de Control Constitucional vigentes y que cualquier intento oficial por corregirlo (si es que lo hubo) no ha  dado ningún resultado.
Por otra parte, la sospechosa falta de Estadísticas Epidemiológicas de Incidencia sobre Agrotóxicos “me oculta” alarmantes cifras de morbi/mortalidad por Cáncer, que estimo, superan ampliamente la media nacional. El hecho de que la Salud Pública de Bandera “me niegue esta información” (Ver Informe de la Comisión Nacional de Agrotóxicos), hace que tenga que basarme en estadísticas exógenas y que los intoxicados enfrentemos el “difícil camino de la cronicidad” sin ningún reconocimiento institucional. Como en muchos otros casos “que conozco”, llega la muerte sin poder determinar su origen.
Quiero también rebatir y condenar un falso argumento epítome de avaricia deshumanizada: “que el control ambiental sobre Interface afectará predios sojeros y que esto lesionará la actividad comercial de la zona”. Usted sabe, tan bien como yo, que tal argumento es falso y capcioso por su insignificancia y porque, además, esta pequeña porción de tierras no pueden ser puestas en la misma balanza que MI DERECHO A LA SALUD (Art 41° Y 43° C.N.)

Por último:

Cualquiera sea el Área Buffer (de resguardo sin transgénicos ni agrotóxicos) que ese HCD considere por su orden, deberá aplicarse a partir del metro final del *ejido municipal, ¡no de las actuales viviendas! Caso contrario, “el pueblo no podrá crecer” y su dinámica, muy superior al de la burocracia, será trampa consabida que lo dejará permanentemente expuesto al veneno agrario.

Por la gravedad institucional de lo que someramente reseño; por ser de carácter público/colectivo, de Incidencia y Tercera Generación que surgen de la acción tutelar del Principio Precautorio, Principio de Inmediatez y Congruencia contemplados en la Constitución Nacional y Normas del Derecho Penal Ambiental; más tres denuncias que he practicado ante UFIMAS y COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROTÓXICOS (agotando el Recurso de Reclamo Administrativo); por antecedentes y jurisprudencia del Caso  "Gimenez Alicia Fanny otros" (Expediente original Nº 22339/2014) hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; porque lo que usted resuelva será puesto en conocimiento, como evaluadores primarios y por tratarse de  Instrumentos Públicos, de Organizaciones Nacionales e Internacionales de Protección al Medio Ambiente, U.F.I.M.A.S., COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROTÓXICOS; Fiscalía General del N.O.A.; Defensoría del Pueblo provincial y nacional; Médicos de Pueblos Fumigados; Médicos por el Mundo, CE.PRO.NAT, U.N.R, U.N.C, U.N.S.E. Y U.C.S.E, A.A.A.A. Capital y ONGs ambientalistas.
Concluyo mi requerimiento: No es porque uno lo pida u otro lo otorgue: es porque corresponde para garantizar nuestra supervivencia y evitar que codicia, descontrol e impunidad del Agro Transgénico sacrifiquen más vidas inocentes.
Sin otro particular, le saludo cordialmente.


……………………………………………………
                                                                                                      Víctor KRIEGER FABBRONI
                                                                                                                  DNI 7995395


Pd:
No hay sello del HCD, ni N° de ingreso por Mesa de Entrada.
Hay una firma de acuse de recibo a cargo de Anita LEIVA - Secretaria - y una fecha: 3/3/2016.
Es todo lo que pude obtener en carácter de fehaciente porque, como el Recinto está permanentemente cerrado, hube de buscar a la Secretaria quien me atendió gentilmente en su domicilio.



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ES COPIA

BANDERA(SE)  15  De Marzo de 2013


AL
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BANDERA
Sr. Nelda MENENDEZ
BANDERA
SANTIAGO DEL ESTERO

As.  : PROYECTO DE COMUNICACIÓN- Agrotóxicos en zona Urbana de Bandera
Ref.: Requerimientos a este HCD del Sr. Victor KRIEGER de fecha 03/03/2016


Señora Presidente:
En mi opinión, el Requerimiento aludido reviste calidad de extrema importancia y consecuente urgencia. Se trata de una advertencia suficientemente fundada sobre la agresión permanente a la salud de nuestra población ocasionada por la Actividad Agrícola Transgénica contigua a Zona Urbanizada, hecho que es público, notorio e insoluble.
Sra. Presidente: pido que conste en Actas que:
  1. Lo expresado por el Sr. KRIEGER, en contraste con mis escasos conocimientos sobre tan difícil tema, hacen que deba remitirme forzosamente a lo expresado por el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí, donde llama a los químicos agrarios de la misma forma que lo hace  KRIEGER: “agrotóxicos”, esto es “VENENOS”. No es este Concejal quien califica, sino una de las personas mejor informadas del planeta. Si alguno en este Recinto se cree con autoridad moral e intelectual para cuestionar sus fundamentos, solo podría entenderlo desde la mala intención y ocultamiento.
  2. Ante lo expresado por el Sr. KRIEGER respecto a que MONSANTO, mayor Corporación de transgénicos en el Mundo y responsable de nuestra tragedia, sea obligado a comparecer en el Tribunal Penal Internacional de La Haya acusado de CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD y que ese máximo Tribunal Internacional acepte el caso por tener semiplena prueba de las acusaciones, cualquier descalificación en este Recinto hacia ese Tribunal solo podría entenderlo desde la mala intención y falsedad.
Dicho esto, me llama mucho la atención la displicencia y retraso del Pleno de este Cuerpo respecto al tratamiento en Comisión y correspondiente Dictamen para el cual, desde ya y atento a su gravedad, solicito:
  • Disponga usted se constituyan en Comisión la totalidad de los Miembros del Cuerpo (Art 77° y 78°). Este es un tema que transverzaliza las Comisiones y nadie puede tener la soberbia de abstenerse de Legislar sobre el presente y futuro de nuestros hijos y nietos. Es el límite, aún en la irresponsabilidad.
  • Si a mi pesar e inexplicablemente se impusiera otro criterio, no tengo otra alternativa que solicitar MOSIÓN DE PREFERENCIA (Art 67°) y requerir se trate el asunto sin Despacho a Comisión.
Antes que la tragedia de la contaminación agrotóxica que sufre Bandera llegue a Judicializarse por nuestra inacción, quisiera advertirle, respetuosamente, sobre el seguro resultado de futuros debates, y lo quiero hacer de la forma más directa y cruda posible, no para ofender, sino evitar el trago amargo de la hipocresía semántica y costosas pérdidas de tiempo:
  • “No hay diálogo posible entre los que defienden “su negocio”, con los que queremos garantizar el DERECHO A LA SALUD (Art. 41° y 43° de la CN).” Lo digo, especialmente, por algunas INCOMPATIBILIDADES DE FUNCIONES instaladas en la estructura interna de la nómina de  nuestro Deliberante  -LEY 25.188 – CAP I, Art. 1°, CAPÍTULO II, Art 2° Inc. a),d), e) y f) de las que la señora Presidente deberá tomar debida nota.
Para evitar discusiones estériles y excederme en el enunciado de leyes y más leyes que deberán evaluar los juristas, quisiera referirme únicamente a los DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA, PRINCIPIO PRECAUTORIO UNIDO AL PRINCIPIO DE INMEDIATÉS E INCONGRUENCIA DE CODIGO PENAL AMBIENTAL. Con eso me bastaría y sobraría para fundar la importancia/urgencia en el tratamiento del tema en cuestión, si no fuera porque, además, en DERECHO PENAL AMBIENTAL SE INVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA. No es este Concejal quien debe probar nada, solo ser fiel a su condición de Representante Legislativo del Pueblo al canalizar la denuncia de un ciudadano y exigir que LOS RESPONSABLES sean puestos a derecho si corresponde.
Está claro, Señora Presidente, que me considero plenamente asistido por la CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para institucionalizar mis fundamentos porque, afortunadamente, se leer. Mire usted, es todo lo que se necesita.
Por último quiero expresarle, señora Presidente, que comparto y apoyo por lo menos dos de las iniciativas que propone el Sr. KRIEGER. Lo hago porque sin duda proceden y porque es algo que la SALUD PÚBLICA ha omitido en perjuicio del DERECHO A LA SALUD de nuestro pueblo:
  1. Decisión Política para materializar los Análisis de Sangre y Orina  Específicos sobre Agrotóxicos en toda la población, por zonificación y grupos etarios.
  2. Decisión Política para recibir asesoramiento en forma directa de Profesionales idóneos e Independientes de la Universidad Nacional de Córdoba y Rosario, no solo para conocimiento de este HCD sino para quienes más lo necesitan y merecen: los ciudadanos. No podemos iniciar ninguna discusión coherente sin contar, antes, con conclusiones y precedentes fundados y suficientes para Legislar.  
Señora Presidente: por último solicito que el voto a esta iniciativa se haga en forma NOMINAL porque es necesario saber quiénes son, si los hubiera, los que se oponen a que la verdad se haga pública y, más que nada, sus motivos.
Atentamente.


  Firma del Concejal RODRIGUEZ – 15-03-2016

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